Morelia, Mich. | Acueducto Noticas.- Menos de 24 horas después de haber puesto en suspenso indefinido las polémicas leyes antimigrantes de Texas, la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia, con la oposición de los magistrados liberales, decidió dar luz verde a su entrada en vigor.
La decisión se basa en el argumento de que primero debe determinarse la constitucionalidad de estas leyes por parte de una corte de apelaciones antes de que el máximo tribunal de Estados Unidos intervenga.
“La Corte da luz verde a una ley que alterará el antiguo equilibrio de poder federal-estatal y sembrará el caos, cuando el único tribunal que consideró la ley concluyó que probablemente es inconstitucional”, escribió en una opinión disidente la magistrada latina Sonia Sotomayor.
Expertos en derecho internacional coinciden en que la legislación texana podría dar lugar a una disputa legal con el gobierno de México, ya que los oficiales de Texas tienen luz verde para enviar a territorio mexicano a miles de personas, independientemente de su estatus migratorio o nacionalidad.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador advirtió previamente que estas medidas legislativas afectarían los derechos humanos de millones de personas de origen mexicano que residen en Texas.
En este sentido, el gobierno de Washington argumenta que la ley viola la Constitución y la ley federal al interferir con el poder del gobierno central para regular la migración.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley conocida como SB4 el pasado diciembre, autorizando a las fuerzas del orden estatales a detener a personas sospechosas de entrar ilegalmente en Estados Unidos, otorgando poderes que tradicionalmente correspondían al gobierno federal.
Abbott afirmó que la ley era necesaria debido a la incapacidad del presidente Biden para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada o reentrada ilegal, y declaró en una rueda de prensa el 18 de diciembre que “la inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte”.
La ley de Texas convierte la entrada o reentrada ilegal en un delito estatal, con penas desde 180 días de cárcel hasta 20 años de prisión. Los jueces de primera instancia de Texas deberán ordenar a los migrantes que regresen a México, con penas de hasta 20 años para quienes se nieguen.
