Como una emergencia social calificó Juan Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, la violencia feminicida, cuyo índice es de 7.5 casos al día en México, misma que se deriva de la impunidad y la permisividad de la violencia.
Y es que, dijo, en el 97 por ciento de los casos existe impunidad, lo cual en su mayoría se deriva de que las autoridades responsables no están asumiendo la parte que les toca de procesar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, ante el temor a las estadísticas, por lo que el Inmujeres pide asumir las responsabilidad legal que les corresponde.
La mayoría de los procesos no son tratados como feminicidios y no llegan a una sentencia condenatoria firme, precisó y “tenemos un tema de permisividad social, acompañado a la impunidad que es el caldo de cultivo que permitió el repunte de casos en 2016”, afirmó Navarrete Gutiérrez.
Por ello, subrayó, se debe dimensionar la violencia feminicida como una emergencia social, estamos frente a un verdero problema de dimensiones humanitarias por las víctimas, los huérfanos y la necesidad de revertir los patrones sociales”, acotó.
