“Tenemos miedo de hablar, de salir”

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Morelia, Mich./Xana Zamudio.-

Representantes de organizaciones de derechos humanos del estado expusieron una serie de violaciones a derechos humanos y agresiones gubernamentales en contra de las comunidades autónomas de Nahuatzen, Sevina, Comachuén y Arantepacua.

En rueda de prensa hablaron sobre el tema integrantes del Consejo de Derechos Humanos (CDH), de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos Para Todos (RED TDT) y de la Red Solidaria por los Derechos Humanos de Michoacán.


“Tenemos miedo de hablar, de salir” comenta José Prado Rodríguez, integrante del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, uno de los 4 representantes de los Consejos de cada comunidad que tuvieron asistencia el día de hoy para la validación de las declaraciones y exigencias.


Ahí se expuso que en un acompañamiento de poco más de un año por parte de las organizaciones de forma independiente y, a través de la recaudación de información que llevaron conjuntamente en una visita a las comunidades de cuatro días, fue posible enumerar diferentes solicitudes a través de las violaciones a los derechos humanos recaudadas.


1.- Justicia para las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, detenidos y agredidos en los hechos ocurridos el 4 y 5 de abril en Arantepacua y la liberación inmediata de los presos políticos José Antonio Arreola y José Gerardo Talavera acusados del delito de sabotaje.


2.- El respeto a los derechos políticos de las mujeres y el alto a las amenazas a Consejeras, de manera particular las del Consejo de Comachuén y las Nahuatzen, Sevina y Arantepacua.


3.- Se pide alto a la retención del presupuesto por parte del ayuntamiento de Nahuatzen así como la gestión por parte de la Secretaria de Finanzas para la entrega directa de los recursos.


4.- También se destacó la solicitud al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para que incorpore de manera efectiva la perspectiva intercultural y la perspectiva de género para garantizar los derechos de las comunidades, así como el cese a las consultas impuestas y la identificación de actores vinculados con el ayuntamiento que han intentado desarticular los procesos de autonomía.


5.- Por último, se demanda la destitución de Celerino Felipe Cruz como delegado regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por fomentar la corrupción y el mal uso de los recursos públicos en las comunidades.