Morelia, Michoacán.- La propuesta de Ley General para reglamentar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos requiere una revisión profunda debido a diversas inconsistencias legales y administrativas que podrían afectar su aplicación, consideró el profesor investigador del Colegio de San Luis, Francisco López Bárcenas.
En una reflexión sobre el documento sometido a consulta por el Gobierno federal, el especialista indicó que existen disposiciones que restringen derechos actualmente reconocidos en la Constitución y otras que trasladan decisiones fundamentales a autoridades administrativas.
Uno de los puntos que destacó fue el relacionado con el patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
«En la propuesta de iniciativa de ley que se consulta, se le condiciona a que los pueblos se registren en un catálogo y será la Secretaría de Cultura la que decidirá si se puede usar comercialmente tal patrimonio», explicó.
Asimismo, indicó que la iniciativa plantea que la consulta a pueblos indígenas solamente proceda cuando existan impactos considerados significativos, criterio que sería determinado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El investigador también advirtió posibles conflictos con otras leyes vigentes y señaló que algunos apartados invaden competencias que corresponden constitucionalmente a las entidades federativas, como la regulación de los municipios.
López Bárcenas concluyó que, desde su análisis, la propuesta prioriza la regulación estatal sobre la autonomía indígena y busca dar soporte jurídico a políticas públicas ya existentes, más que ampliar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución.
