Morelia, Mich. | Acueducto Online.- Pobladores de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, se manifestaron en las afueras del Poder Judicial de la Federación para denunciar el despojo de tierras y montes comunales que ha costado el asesinato de 40 comuneros y 5 más que han sido desaparecidos.
Los inconformes señalan que en este mes de agosto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, resolverá el juicio de amparo directo 463/2023, interpuesto por la comunidad en contra de la resolución que el Tribunal Superior Agrario dictó confirmando la sentencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 de la ciudad de Colima, dentro del juicio por conflicto de límites 78/2004, en el que dicho tribunal desconoce, en favor de supuestos propietarios de La Placita, una parte significativa de las tierras y montes comunales.
Agregaron que el juicio agrario estuvo plagado de irregularidades, sin embargo, confían que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Segundo Circuito valorará los motivos y razones que «hemos manifestado al recurrir a la justicia mexicana, la cual hemos agotado hasta esta instancia, habiendo sido despreciada nuestra solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera este trascendental amparo».
«Hemos resistido a la guerra que hace el Cártel Jalisco Nueva Generación en nuestra contra y hoy, además, estamos a la expectativa de la última palabra del Estado Mexicano ante la exigencia de justicia agraria para nuestra comunidad. El día de hoy, Día Internacional de los pueblos indígenas, amenazados por la guerra de despojo desatada desde hace siglos en contra de los pueblos originarios de todo México, amenazados por la violencia destructora del Cártel Jalisco Nueva Generación, amenazados por el despojo agrario que
significa estar ante la última oportunidad de justicia por parte de un poder judicial mexicano que ha sido cómplice de la avaricia y la ambición de empresas, propietarios, gobiernos y cárteles, exigimos el respeto a nuestras tierras comunales».
Además de la manifestación al Poder Judicial de la Federación y el bloqueo de la Avenida Camelinas, los pobladores de esta zona también bloquearon la carretera federal costera número 200 para exigir respeto a las tierras, montes y playas comunales.
