Morelia/Redacción
Este día la encargada de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre, renunció al cargo y señaló que el motivo es la falta de apoyo financiero del gobierno estatal y del Congreso del Estado.
En una carta dirigida al diputado Miguel Angel Villegas Soto, presidente del Congreso del Estado de Michoacán, señala:
“Por su apreciable conducto me dirijo al Honorable Congreso del Estado para informar que como Encargada del Despacho de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas nombrada por ustedes mediante el Decreto 399 publicado el 29 de septiembre de la presente anualidad he decidido presentar mi renuncia con carácter de irrevocable ante esta soberanía a partir del 22 de diciembre de 2017.
“Agradezco que se me permitiera servir a los michoacanos en la tarea de atender a personas que ven truncado o desviado su proyecto de vida al ser víctimas de delito o de violaciones a Derechos Humanos. Participar activamente en la creación de una institución totalmente nueva y tan noble, requirió del constante análisis de la relación que comenzó a tejerse con el Poder Judicial que ha sido muy demandante, así como con la Procuraduría General de Justicia del Estado que tuvo que abrirse ante la posibilidad de la coadyuvancia de los asesores victimales, al tiempo que todos garantizáramos que la atención fuera integral como lo señala la Constitución y la Ley General de Víctimas.
“Tener personal especializado nos obligó a invertir en capacitar abogados, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo para cumplir con la Ley y dejar sembrado el camino con personal que es sin duda la base de un Servicio Profesional de Carrera que ya no me tocará a mi implementar.
“Tomo la decisión de renunciar antes de ser relevada como lo marca el Decreto para llamar la atención del Poder Legislativo sobre la situación actual de la Comisión, que de una plantilla de 97 personas ha pasado a 41, porque en el presupuesto la contratación del personal especializado que fue autorizado en 2016 sólo consideró el pago de seis meses de salarios. La Comisión es un organismo descentralizado no sectorizado con personalidad jurídica y autonomía técnica y de gestión, y con ahorros propios alargamos contratos lo más lo más que hemos podido para dar seguimiento a más de tres mil expedientes en los que representamos o acompañamos a víctimas en todo el territorio michoacano.
“Que ante la decisión de no concedernos ampliación presupuestaria para cumplir con las necesidades de la Comisión, acordé de manera verbal con el Secretario de Finanzas la reubicación de abogados y psicólogos que estaban por contrato en los plazas de confianza para garantizar el seguimiento, pero después de una espera de varias semanas se me notificó por escrito que NO cumplirían el acuerdo argumentando que no eran autorizados por la oficina del Gobernador. No obstante, si recibieron y tramitaron las bajas, dejando las plazas acéfalas.
“En Octubre de 2015, los Comisionados en presencia de la Secretaria de la Contraloría habíamos firmado un Convenio con la Secretaría de Finanzas y Administración para centralizar la nómina lo que supone que casi el 95 por ciento de nuestro presupuesto es ejecutado por ellos en pago de nóminas, pero al firmarlo no renunciamos a nuestras atribuciones de ley como órgano con autonomía técnica y de gestión, ni a nuestras facultades de nombrar al personal. Dicho acuerdo está siendo negado de facto alegando la expedición de una circular emitida en mayo del presente año, en la que se informó a todos las dependencias y organismos que en adelante sólo se procesarían cambios de estructura que llevarían la firma del gobernador y su secretaría técnica.
“Cuando se emitió la circular No. 0017/2017 no se generó ningún cambio al Convenio, ni se planteó un adendum y, sin embargo, se detuvieron algunos movimientos que se habían generado como producto de una reestructura de la comisión que había sido aprobada por la misma Secretaría de Finanzas y Administración, eso supuso un retraso de algunos movimientos pero finalmente se realizaron como fueron propuestos en agosto.
“Sin embargo, en octubre se dio la instrucción de detenerlos y hasta la fecha están acéfalas: una Dirección, dos Unidades Regionales, una Asesoría y dos Jefaturas de Departamento que habrían sido ocupadas por personal especializado “el más capacitado para atender las áreas”. Dejándonos en imposibilidad material de cumplir con nuestro trabajo.
“Aunado a lo anterior se tuvo que despedir a todo el personal de apoyo administrativo, secretarias, auxiliares contables, informáticos, supervisores y personal encargado del aseo de las oficinas. Cabe mencionar que la CEEAV no tiene personal sindicalizado o de base, a pesar de que los solicitamos.
“No obstante, gran parte de ese personal que oficialmente ya no labora con nosotros, no se ha retirado de las oficinas y ha seguido apoyando a pesar de que no se les puede garantizar la recontratación y el pago, pero se han mostrado solidarios con sus compañeros que han tenido que asumir la doble y triple carga de trabajo y responsabilidad.
“Además, en el Convenio mencionado se establece que la Secretaría de Finanzas retendría los impuestos, particularmente el ISR y lo transferiría para que nosotros lo enteráramos al Servicio de Administración Tributaria. A pesar de que mes a mes hemos requerido el entero, no se ha podido regularizar. También sobre este asunto ha habido acuerdos verbales incumplidos y nuestros requerimientos escritos no han tenido respuesta.
“Un nuevo acuerdo o circular llegó hace unos días en que se apercibía a las dependencias y organismos de no contratar personal en 2018 hasta que recibieran instrucción, lo cual puede ocurrir en tres o seis meses o nunca. En todo caso, dejará en imposibilidad de cumplir con la gran demanda de asesores jurídicos, psicólogos, peritos y trabajadores sociales que nos hacen las autoridades judiciales o las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.
“Debo decir que ya hay una centena de audiencias programadas para enero que no podrán contar con un asesor jurídico y más de 200 solicitudes de registro que suponen que se hagan visitas domiciliarias para conocer la situación específica de cada víctima y que tampoco se podrán atender. Las sesiones de atención psicológica quedaron suspendidas desde octubre pasado, pues solo contamos con una psicóloga.
“Aunado a lo anterior, durante los 26 meses de funcionamiento de la Comisión, se ha incumplido con la dotación de recursos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán, que de acuerdo a la Ley General y Estatal debiera ser contemplado en el Presupuesto de Egresos de cada año. Eso ya ha generado una observación de la Auditoría Superior del Estado para la Secretaría de Finanzas y Administración pero es, sin duda, también una responsabilidad del Congreso del Estado.
“El Fondo sólo ha tenido tres depósitos, dos de ellos derivados de una obligación cumplida solo parcialmente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y otra por lo recabado por una carrera atlética realizada en noviembre pasado. Debo destacar que Michoacán es el único Estado que ha constituido el Fideicomiso para el Fondo con la característica de ser donatario y permitir que apoyos externos deduzcan impuestos.
“Reconozco que varias dependencias estatales y federales, destacadamente la Secretaría de Salud del Estado, han sido de gran apoyo para nuestro trabajo y además la eficiencia demostrada por la Comisión permitió bajar recursos federales y apoyos de la Embajada de Estados Unidos de América a través del Plan Merida y Pro Justicia de USAID”.
