Uruapan/Martín Equihua
En cárceles michoacanas estarían presos 160 hablantes de 12 lenguas indígenas nacionales, entre ellas purépecha, náhuatl, mixteca, amuzga, triqui y tarahumara, según reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Sus datos no coinciden con el registro del CERESO de Uruapan, mientras que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) no cuenta con censo de esta población carcelaria.
Según la SSP, de los 160 presos indígenas, en el CERESO “Lic. Eduardo Ruiz” de Uruapan habría 23, pero para la Dirección de dicho Centro, en voz del subdirector Celso Enríquez Rodríguez, hay 80 internos provenientes de comunidades indígenas, de los cuales “la CDI solo reconoce a 40” y ninguno califica para su programa de excarcelación mediante pago de garantías.
Los delitos por los que estarían recluidos en el estado, según el reporte solicitado a SSP, serían homicidio, violación, parricidio, abusos deshonestos, portación de arma de fuego, asalto, lesiones y contra la salud.
Para el caso de Uruapan, en donde se facilitó el acceso, llama la atención la valoración que el subdirector hace de los presos, a los que se les tiene una carpintería y un taller de alfarería como ocupación: “es gente que no coopera porque no confía, y tampoco le interesa la actividad laboral… no son activos… son muy cerrados”. El joven funcionario sin embargo, dice que la administración a la que pertenece tiene apenas dos meses, y que trabajará porque les sean respetados sus derechos.
Internos purépechas por su cuenta denuncian violaciones a sus derechos elementales, como tortura física y psicológica en su detención y para la firma de “declaraciones de culpabilidad”; ausencia de intérpretes en lenguas indígenas durante todo el proceso, que les fueron negados porque “eso solo se ve en la tele”; falta de asesoría jurídica pública especializada en derechos y cultura indígena, entre otras. Además, mencionan que la CDI “solo se presenta una vez al año a que le firmemos papeles, pero no hace nada”.
A pesar que las cifras difieren, el sector de presos indígenas se aproximaría al tres por ciento del total de internos del estado, mientras que a nivel nacional, de acuerdo al último Censo Penitenciario de la CDI, habría arriba de ocho mil presos de este sector poblacional, de los cuales 96% sería de hombres. Los estados con mayor cantidad de internos, en orden descendente serían: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Chihuahua y Guerrero; siendo las lenguas náhuatl, zapoteca, maya, tzeltal y tsotsil, las más habladas por los prisioneros.
“ME TORTURARON CASI PARA MATARME Y NOS ROBARON TODO”: DOMINGO
Originario de la comunidad de Capacuaro, Domingo acata la instrucción de la subdirección del CERESO para no aportar su nombre. Se dice “absolutamente inocente” y avergonzado ante sus compañeros nicolaitas que dos meses después de su detención concluyeron la licenciatura. “Mira yo donde estoy, y sin deberla ni temerla”.
Pasante de la carrera de Derecho, Domingo fue detenido en abril de 2014. Para entonces, él hacía prácticas con un abogado, y como al día siguiente tenían audiencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, decidió quedarse en casa de su mentor. En la madrugada “llegó gente armada y nos sacó a puros golpes, sin identificarse. Después nos pusieron bolsas de plástico en la cabeza y con la chicharra nos dieron toques en los huevos, perdón, en testículos, pene y diferentes partes del cuerpo, eran ministeriales con acento chilango”. Fueron acusados y “empapelados por armas y droga, y dijeron que andábamos circulando cinco personas, con otros tres que los ministeriales ya tenían allí y que nosotros ni conocíamos”. Los mantuvieron cuatro días incomunicados, al grado de haberles negado a sus familias que estaban detenidos, por lo que sus padres “nos buscaron hasta en el SEMEFO”.
Durante los cuatro días incomunicados, “a puros golpes nos hicieron firmar, y si queríamos leer nos pegaban y nos decían ´qué chingados lees, fírmale hijo de tu puta madre”. Después los trasladaron a la Procuraduría General de la República (PGR), en donde “nos trataron un poco mejor, y decían que no creían que siendo abogados hubiéramos firmado sin leer, y que lo que contaba para ellos era los firmado”. En la PGR el médico certificador se burlaba de los golpes que habían recibido, y decía, “ya pónganse su chingadera de camisa, no tienen nada… Nos trataron de lo peor”, hasta que llegaron al CERESO, y a través de un custodio purépecha, fue que sus familias se enteraron.
En el juzgado octavo, al pedir igualmente intérprete y abogado defensor indígena, prácticamente se burlaron de él, y le dijeron que “ya así para más rápido y no perder más tiempo”. Después mandaron su expediente a Guadalajara, y allá siguieron alegando sus derechos lingüísticos. “Por más que he explicado que solo estaba de paso esa noche, nunca me han creído”.
A Domingo y al abogado con que lo detuvieron no solo le robaron su libertad, sino que literalmente “nos robaron todo”, incluido el reloj que su familia le había dado cuando obtuvo su carta de pasante, mientras que a su amigo “le robaron hasta su coche, que después vendieron a su nombre. Y le robaron refrigerador, computadora, televisión… unos abusivos”. Su caso tiene dos años y meses y no hay para cuándo.
Le preocupa y le apena que la mayoría de sus compañeros universitarios ya se tituló, y “para mí es una vergüenza estar aquí, pero tengo que salir y seguir estudiando”, dice con cierta esperanza.
DIEZ AÑOS PRESO, APRENDIÓ ESPAÑOL EN PRISIÓN
Miguel es el encargado del Taller de Carpintería Indígena. Está por cumplir encarcelado diez de los 21 años de su sentencia por un homicidio en el que el occiso tardó en morir seis meses. Se trató de un atropellamiento. Mediante acuerdo firmado con la familia y la intervención del Jefe de Tenencia, Miguel pagó atención médica del lesionado, por cerca de 50 mil pesos que consiguió prestados. Después se fue a Estados Unidos a trabajar para pagar. Por allá se enteró de que su atropellado había fallecido, seis meses después del hecho. Él regresó sin temor a una detención, confiado en el papel firmado con la autoridad comunitaria, pero cuatro años después fue detenido y acusado de homicidio.
“En todo el proceso yo pedí un traductor y nunca me hicieron caso. Yo lo poquito que sé hablar me enseñé aquí, porque era obligado para pedir comida o algo, y aquí aprendí lo poco que sé de leer”, nos cuenta Miguel, entrevistado también en el interior del CERESO. En el “juzgado primero” siempre le dijeron que no contaban con intérprete, pero que, además, “eso solo se veía en la tele”.
En sus diez años se ha dado cuenta de muchas injusticias, y también de simulaciones. Nos dice, por ejemplo, que “cada año llega la CDI, pero la verdad que nunca nos ha echado la mano, siempre nos dice que ahora sí, que van a ver, pero no hacen nada. Yo ya no subí el año pasado que vinieron. Solo quieren que uno les firme un chingo de papeles, y nada”.
Según su cálculo hay como 60 internos purépechas, y a muchos se les dificultaría expresarse en español. “Como 20 necesitan ayuda fuerte”, porque están abandonados por sus familiares, incluyendo a algunos internos de edad avanzada “que están casi olvidados”. Hay unos casos increíbles, señala, como el de Salvador, “un señor de edad, de Pamatácuaro, al que sus hijos mismos metieron a la cárcel para quitarle lo poco que tenía, y aquí está olvidado, ni él sabe por qué delito”.
CDI ESTATAL NO CONOCE CASOS DE VIOLACIÓN A DERECHOS
Entrevistado en su oficina, el delegado de la CDI, Rafael Muñís Cruz, asegura que la dependencia que encabeza, encargada de la aplicación de las políticas públicas para pueblos indígenas, trabaja con la Defensoría y la Secretaría de Seguridad Pública, y que en función de esa estrecha coordinación, “a cada quien lo atendemos según las necesidades de su proceso”, y como muestra nos dice que este año han logrado excarcelar a 10 internos mediante el pago de sus fianzas, por 127 mil pesos; mientras que en 2015 lo hicieron con 50 presos indígenas, con un costo de 600 mil pesos.
Sin embargo no tiene un censo de presos, pero “se está trabajando”, y del año anterior “sí tenemos el censo pero no está a la mano”, dice. Informa que dentro del “programa de derechos indígenas tenemos traductores e intérpretes, y si el Ministerio Público lo solicita, nosotros les pagamos a ellos sus gastos”.
Y apunta que en sus tres años de delegado no ha visto un caso de internos que le llame de forma especial la atención, y que por eso la coordinación es estrecha con las demás dependencias, para que no haya violaciones. Pero corrige, “sí sé de un caso de un señor de edad, pero en Puebla”.
