/Morelia/Hugo Villegas-Santibáñez
Después de los gritos de auxilio en los diferentes medios, súplicas al Gobierno Estatal y Federal, la muerte de Ambrosio Soto Duarte se consumó. Una muerte anunciada por el propio Presidente Municipal de Pungarabato en la Tierra Caliente del Estado de Guerrero. El fallecimiento de Bocho, como se le conocía entre sus amigos, nos permite reflexionar respecto a lo que representa en la actualidad ser presidente municipal en México y lo que al alcalde sustituto de Pungarabato le aguarda.
La muerte del Alcalde de Pungarabato, Guerrero no es un caso aislado, desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado en el periodo de Felipe Calderón hasta la actualidad (2006-2016) han muerto alrededor de 80 presidentes municipales en México, de acuerdo con datos de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. A éstos se agregan síndicos, regidores, así como otros funcionarios municipales y líderes locales.
Entre los alcaldes caídos encontramos panistas, perredistas, priistas y de otros partidos pequeños, por lo tanto el asesinato de presidentes municipales no es exclusivo de algún partido político. Ni tampoco lo es de un espacio geográfico en específico. Las agresiones a los alcaldes se han perpetrado en diferentes entidades del país. Aunque cabe señalar que la incidencia se ha concentrado en estados como Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Asimismo, las estadísticas muestran que los partidos con un mayor número de alcaldes asesinados son el PRI, el PRD y PAN.
¿Por qué tantos alcaldes asesinados en México? ¿Hasta dánde el gobierno federal es responsable? ¿Qué pueden hacer los alcaldes para prevenir ser agredidos por la delincuencia organizada? En muchos casos existe un abandono estatal y federal hacia diferentes regiones y municipios del país donde operan los grupos criminales. Convirtiendo a los ayuntamientos en el eslabón más débil de los tres órdenes de gobierno. Por lo tanto, la fragilidad y la vulnerabilidad en los gobiernos locales aumentan las posibilidades que la delincuencia organizada ocupe los vacíos de poder a través de amenazas y sometimiento de las autoridades locales, tal como lo señala el experto Edgardo Buscaglia (2013).
No todos los alcaldes asesinados tenían vínculos con el crimen organizado. Por lo menos se pueden clasificar en cuatro categorías: los que llegaron siendo miembros de los grupos criminales o con algún vínculo previo, un ejemplo es Iguala y más recientemente Álvaro Obregón en Michoacán; los alcaldes que fueron financiados por estos grupos en la campaña política o corrompidos en funciones; los que son amenazados sometidos o secuestrados y obligados a colaborar y también están los presidentes municipales que se negaron a servir al crimen organizado.
En lo individual todos los candidatos y/o presidentes municipales tienen la oportunidad de decidir el camino a seguir y a reflexionar en las consecuencias de la decisión a tomar. Las principales opciones que ofrece el menú municipal a los alcaldes en la actualidad donde están presentes estos grupos es escueto: Por un lado, la colaboración voluntaria o coaccionada con estos grupos delincuenciales, y por el otro el rechazo o negación a coludirse o servir al crimen organizado.
Colaborar con estos grupos puede llevar a problemas legales con la justicia, complicaciones financieras en la administración pública y en otras ocasiones podrían enfrentar consecuencias fatales cuando se rompen acuerdos o incursionan grupos antagónicos al municipio gobernado. Quienes se niegan a servir al poder fáctico imperante en su jurisdicción podrían ser parte de las estadísticas si no cuentan con el apoyo de las autoridades estatales y federales como lo fue el caso de Pungarabato.
Para el sucesor de Ambrosio Soto Duarte será una decisión difícil y complicada que tendrá que tomar frente las circunstancias actuales. Más allá de las aspiraciones políticas y de poder deberá analizar el statu quo de la región calentana y la responsabilidad que conlleva ser presidente en el municipio de Pungarabato en estos momentos y las posibles consecuencias de la decisión elegida.
