Morelia/Juan Ignacio Salazar
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ha integrado 30 carpetas de investigación contra ex servidores públicos que generaron quebranto al erario público, de las cuales se estarían por cerrarse tres en las que “hay peces gordos”, aseguró el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Lauro Pallares Ramos.
En entrevista, el funcionario que busca el cargo de fiscal del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo que por la secrecía de los casos no revelaría los nombres de los implicados, pero advirtió que se trata “de peces bien comidos” que se desempeñaban como titulares en secretarias de estado.
Tras su comparecencia ante los legisladores locales integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, Pallares Ramos, señaló que en breve se estará solicitando al juez de control la liberación de ordenes de aprehensión.
Cuestionado respecto a los casos de la presa J Múgica y el Teatro Matamoros en lo que se habla de millonarios desfalcos, el funcionario explicó que al comparecer, sobre ambos temas le cuestionaron los legisladores, pero “a la Fiscalía Anticorrupción no le han dado vista” y apuntó que él se ha circunscrito a las atribuciones que le faculta la ley.
Sin embargo, reconoció que conoce de ambos casos “por la referencia en los medios de comunicación”.
En ese sentido, aseguró que la Fiscalía debe tener amplias atribuciones que le permitan atender este tipo de hechos de oficio y no solo esperar a que se presenten denuncias.
Incluso, recordó que hace unos años, el Congreso Local modifico la norma y elimino varios delitos entre ellos algunos que pudieran considerarse graves, lo cual favoreció a ex funcionarios.
Dijo que de las 14 conductas delictivas tipificadas en la Fiscalía Anticorrupción dependiente de la PGJE, “ninguna es considerada grave”, por ello nadie esta tras las rejas, pues se permite al inculpado llevar su proceso en libertad al cubrir una fianza.
Saqueo hormiga
El Fiscal Anticorrupción de la PGJE, Lauro Pallares Ramos, reconoció que la institución vinculó a proceso a servidores públicos de la receptoría de Rentas del Ayuntamiento de Tarímbaro, quienes realizaban el cobro de refrendos, placas y tenencias y no ingresaban el recurso a las cuentas del gobierno estatal.
Aseguró que la Secretaría de Finanzas dio vista de las denuncias a la Fiscalía y esta confirmó que los servidores públicos cobraban a los contribuyentes, les entregaban sus recibos del trámite, pero una vez que estos partían con sus documentos, los funcionarios cancelaban la operación y se embolsaban el dinero.
Respecto al número de denuncias apuntó que tienen documentados cuatro casos, aunque la Secretaría de Finanzas y Administración estima que podría tratarse de al menos cien casos similares, cuyos montos varían, por lo que aún no se tiene un estimado del desfalco.
