Morelia, Mich./Nancy v. Herrejón.- Desde este 12 de mayo las Fuerzas Armadas tienen facultades y licencias policiales en todo el país, esto de acuerdo con la noción publicada el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación y la cual se sustenta en la reforma constitucional de la conformación de la Guardia Nacional, en la cual se establece que la participación militar estará subordinada a un mando civil, sin embargo no se detalla en la misma como será esto, ya que habla de una “coordinación” entre mandos.
Dicha intervención se señala que será “subordinada y complementaria” a la Guardia Nacional (GN), la GN es por definición una policía civil bajo un mando operativo castrense, donde el 80% de sus elementos son reclutados y adscritos por el Ejército.
En el cuarto punto del mismo acuerdo se instruye una coordinación entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con los titulares de la defensa y la Marina, pero no se señala que él se encuentre al mando en la operación militar.
Este acuerdo publicado el día de ayer ha sido muy criticado por expertos en seguridad, fuerzas armadas y derechos humanos, pues exponen que en lugar de regular con límites, plazos y controles de apoyo del ejército en seguridad durante el próximo lustro, legaliza ampliamente la militarización del país.
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Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora del CIDE, en entrevista a Animal Político declaró que este acuerdo era un fraude en la ley y la práctica, “El transitorio de la reforma del año pasado decía que este apoyo tenía que ser fiscalizado, subordinado y regulado, pero en el acuerdo no hay nada de eso. Esto no es una regulación es un cheque en blanco al Ejército”, declaró la especialista.
Además cuestionó el hecho de que no se haya contemplado una fiscalización independiente o civil, como ordenaba la reforma, y que se permita a las fuerzas armadas supervisarse así mismas para tareas de seguridad pública que no son de su naturaleza.
Alejandro Hope, experto en temas de seguridad y orden, mencionó que resultaba cuestionable que el acuerdo haya ignorado el tema de la participación “extraordinaria, regulada y subordinada” del Ejército en las acciones de seguridad.
Agregó que no se trata de una simple redacción, sino de los límites que están establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el uso de militares en labores policiales.
Ambos especialistas criticaron que no se explique las condiciones o contexto del porqué de dar legalidad a la intervención militar en el país, hecho que se agrava pues no se informa tampoco del avance en el que se encuentra la conformación de la Guardia Nacional, hecho al que supuestamente está condicionado el acuerdo de militarización.
El Colectivo Seguridad Sin Guerra, y organizaciones como México Unido contra la Delincuencia emitieron posicionamientos de rechazo a la orden presidencial por la ausencia de controles, de plazos, y en general de todos los límites que deberían ponérsele a un apoyo que en esencia es excepcional, no permanente.
Con información de Animal Político y la página Seguridad sin Guerra.
