Morelia/Redacción
En Michoacán es necesario fortalecer la aplicación de la ley hacia las personas físicas o morales que realizan cambios de uso de suelo de manera ilegal con fines de explotación minera o realización de complejos habitacionales, subrayó el legislador perredista Juan Pablo Puebla Arévalo en la máxima tribuna del Estado.
El Pleno de la LXXIII Legislatura local, aprobaría este viernes a propuesta del legislador de extracción perredista, un punto de acuerdo para que quienes realicen cambio en el uso de suelo sin apego a la norma sean sancionados y sus permisos sean revisados con toda puntualidad.
“El gobierno del estado emitió comunicados de prensa estatales y nacionales, en sus plataformas digitales, en donde menciona su enorme preocupación sobre este tema, así como también lo exitoso de los operativos implementados por la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC) al desmantelar por todo el estado varias supuestas huertas ilegales”.
El legislador puntualizó que pese a que la realización de operativos podría coadyuvar a aliviar el proceso de deterioro ambiental que vive la entidad, se necesita ser conscientes de las implicaciones que tiene para la ecología el cambio de uso de suelo producto de desarrollos inmobiliarios o bien los que se ocasionan para la explotación minera principalmente en la costa michoacana.
“Ciudades como Morelia han sido víctimas de quemas ilegales de zonas boscosas, como las aledañas al cerro del Quinceo, en donde comienzan a asentarse viviendas”, refirió el diputado en torno a la urbanización no planificada.
Puebla Arévalo agregó en el caso de la minería que a nivel nacional la PROFEPA ha detectado que el 65 por ciento de las minas no cumplen con la normatividad ambiental y en la entidad, los medios de comunicación han dado cuenta de diversas clausuras de centros mineros que ha realizado esta autoridad; situación que evidencia cierto descuido en el otorgamiento de los permisos para el cambio de uso de suelo.
“Esta situación se agrava ante la fragilidad que experimentan los Ayuntamientos para poder hacer frente, con sus limitados y comprometidos recursos, al poder económico y de influencia de los desarrolladores de vivienda o de los grandes corporativos mineros, por lo que se hace necesaria la intervención decidida de la autoridad estatal”, señaló.
