Morelia/Redacción
La toma ilegal de vehículos es una realidad sangrante en México. Sólo entre octubre de 2014 y julio de 2016 fueron secuestrados 2.414 autobuses. Las pérdidas y daños rondaron los 30 millones de dólares. “Hacen lo que quieren y nadie los frena, las instituciones callan y ceden; es un escándalo”, dice un portavoz estatal de los transportistas.
La práctica, repetida en gran parte del país, se ha agravado desde junio en Michoacán, donde se registra la mayor concentración de escuelas normalistas. El objetivo de la escalada es que el Gobierno central dé marcha atrás a uno de los principales postulados de la reforma educativa: aquel que acaba con la entrega automática de plazas a los normalistas e impone el concurso público.
En su pulso, los colectivos radicales han desbordado al gobernador Silvano Aureoles, del PRD. Temeroso de un estallido social, la policía ha evitado la colisión y los desmanes se han sucedido por el territorio. Más de 200 vehículos han llegado a estar en manos de los belicosos estudiantes de magisterio. Las tomas de casetas en autopistas, la quema de camiones e incluso el corte de vías férreas se han extendido como una mancha de aceite. “Estamos agotando la fase de diálogo, pero el problema de fondo depende del Gobierno federal. Lo que piden los normalistas, la plaza automática, no es competencia nuestra”, se defiende el secretario de Gobernación de Michoacán, Adrián López Solís.
La tensión llegó a su extremo el pasado viernes, cuando después de otra eclosión de violencia por la detención de un grupo de normalistas, los empresarios decidieron suspender las líneas de autobús para salvaguardar la seguridad de pasajeros y trabajadores. La medida tuvo impacto nacional. Pero duró poco.
El sábado, los empresarios, evitando males mayores a los usuarios, reanudaron el servicio. El gobernador les ofreció protección policial. Pero de poco sirvió. Al día siguiente, se repitieron las escenas de tomas de casetas y quema de camiones. Y el lunes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el poderoso sindicato que lidera la lucha contra la reforma educativa, anunció que se sumaba al secuestro de autobuses para exigir la liberación de los ocho normalistas que aún permanecían detenidos.
Esa misma noche fueron liberados. La fianza no superó los 1.000 pesos (50 dólares). “Así funcionan las cosas aquí”, señala un portavoz de los transportistas.
