Morelia, Mich.| Acueducto Noticias/Zayda Solís.- “Yo no soy de aquí y no conozco las costumbres. Por eso no puedo tomar decisión de las cosas”, fueron las palabras que el párroco José Antonio Rodríguez Ortiz le refirió a Claudia Pureco, integrante de la comunidad Villa Escalante en Santa Clara del Cobre, la también etno historiadora y antropóloga social, sostiene que un discurso de ignorancia no puede ser la justificación para incitar a la violencia dentro de la comunidad.
La lista de violencias y discriminaciones que el párroco ha cometido en contra de las mujeres, hombres y niños es amplia:
Desde obligar a que niñas y niños acuden tres años al catecismo, cobrándoles cuotas, tomar fotografías de personas que asisten a otras iglesias a recibir los servicios religiosos para luego exponerlos durante la misa, hasta la excomulgación de quienes le cuestionan sus acciones.
Por lo anterior, los comuneros se han organizado porque la mayor de las violencias por parte del sacerdote Antonio Rodríguez, tuvo un momento de clímax cuando ordenó cerrar la huatapera, espacio que tiene un papel importante dentro de las comunidades porque es un punto de reunión organizado y gestionado por miembros de la comunidad, especialmente las mujeres quienes se encargar de elaborar los alimentos y limpieza.
De acuerdo a Claudia Pureco, La Huatapera es un espacio de reunión de los locales, también recibe a personas sin hogar, se les ofrecen alimentos y alojamiento mientras continúan con su camino. Un lugar que no recibe financiamiento por parte del gobierno, sino que se mantiene por el trabajo de hombres y mujeres de la comunidad.
En un intento por apropiarse de diferentes espacios y terrenos el párroco mandó a cerrar la Huatapera en 2017:
“Digamos que este conflicto tiene sus antecedentes desde 2008. Pero se vuelve más fuerte en el 2017 cuando la iglesia despoja a la comunidad de la huatapera, pone candados a las puertas apoyado con un grupo de comuneros y otras personas que no están dentro de la comunidad. A partir de ese momento empieza un problema de confrontación con los miembros de la comunidad indigena que se va acelerando y que incluso llega a tener un espacio muerto en los tiempos de la pandemia”.
Anteriormente los comuneros habían tenido una vida tranquila cuya organización tradicional vinculaba las celebraciones litúrgicas con las actividades realizadas en la huatapera. “La organización tradicional se centra en la uatapera o Uandajperakua, como es su nombre en purépecha, siempre ha sido de la comunidad y los barrios. Una organización que nunca había entrado en conflicto con la iglesia. Sin embargo, el sacerdote vio la parte económica que se derramaba durante las festividades y empezó a decir que todo ese dinero que nosotros gastábamos en el alcohol o en los propios cohetes debería ser para la iglesia, entonces empezó a tomar decisiones para apropiarse de las fiestas que le pertenecían a la comunidad con esta idea de economizar y que todo el dinero se recabara fuera directamente controlada por él”.
“Entonces, nosotros no permitimos que eso sucediera porque veníamos organizándonos en la autonomía de la organización tradicional y ahí empezó todo el conflicto porque él empezó a tomar decisiones en una organización que no conocía y en la que no tenía injerencia porque nosotros funcionamos de esa forma”.
Después de tres años de que la Huatapera permaneciera cerrada, los comuneros decidieron rehabilitar el espacio, situación que ha complicado la relación entre el párroco y los diferentes barrios que integran Villa Escalante.
“Durante tres años el proceso de deslinde y analizar de quién era la propiedad se quedó atorado. La pandemia jugó un papel importante porque ninguna dependencia podía resolver el caso. Hasta el 8 de diciembre del 2023 la comunidad decidió tomar su bien comunal. Eso, sin duda, generó un conflicto porque la Iglesia abrió un proceso en el que hoy nos encontramos de judicializar el despojo y anunciar que las propiedades de la iglesia le pertenecen y nosotros seguimos quedando en la deriva de algo que legal e históricamente le pertenece a la comunidad”.
Ante este panorama, las mujeres integrantes de la comunidad aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias para evitar la violencia estructural que el párroco José Antonio Rodríguez Ortiz ha generado. Aseguran que no han perdido la fe católica, pero sí la fe en personajes que representan a la iglesia.
