Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado (FGE), no procesó a los 11 policías de Ecuandureo por presuntos nexos con el crimen organizado, sino únicamente por el delito de “contra la salud de narcomenudeo en la modalidad de posesión simple de metanfetamina”, afirmó el exjuez de Control y Enjuiciamiento de Zamora, Francisco Javier Loaiza.
El exjuzgador difundió un mensaje público luego de informar que fue separado temporalmente de su cargo tras la controversia generada por la suspensión condicional del proceso otorgada a los exelementos policiales.
Según explicó, la resolución se emitió después de verificar que se cumplían las condiciones previstas en la ley para acceder a ese beneficio procesal.
“Una vez analizada su procedencia y que se cumplieran con las exigencias de ley, se autorizó la suspensión condicional del proceso fijando ciertas condiciones por cumplir por los investigados”, manifestó.
Loaiza subrayó que durante la audiencia el Ministerio Público no presentó oposición a la medida solicitada.
“Además dato importante el agente del Ministerio Público dijo NO TENER OPOSICIÓN (sic)”, afirmó.
El exjuez sostuvo que el caso tomó una dimensión distinta cuando se planteó públicamente que los detenidos enfrentaban acusaciones por delincuencia organizada, portación de armas y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“El problema inicia cuando una persona de prensa (…) le preguntó al Gobernador: Cómo ve que un Juez soltó a los 11 policías que estaban por delincuencia organizada, nexos con el cártel CJNG, y portación de armas entre otros”, relató.
Aseguró que la información transmitida a las autoridades no correspondía a los delitos contenidos en la causa penal.
“Lo curioso es que estas personas como ya les comparto, no estaban vinculadas por esos delitos que dijo la periodista sino solo por el de posesión simple”, insistió.
Asimismo, señaló que el procedimiento administrativo abierto en su contra derivó de esa situación y sostuvo que buscará defenderse por las vías legales correspondientes.
Finalmente, afirmó que los beneficiarios de la suspensión condicional estaban acatando las medidas impuestas por el órgano jurisdiccional y comparecían periódicamente para acreditar su cumplimiento.
