Morelia, Mich./Nancy V. Herrejon.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que tras la inspección que han realizado a los contenedores de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) las irregularidades en los mismos ha acumulado un monto de 2.9 millones de pesos en multas.
En lo que va de la actual administración y antes de la epidemia, indica la Profepa que se inspeccionaron 320 generadores de RPBI, de estos fueron clausurados 2 en Chiapas y uno en Nuevo León.
De estos 320, se encontraron irregularidades de incumplimiento a la gestión documental en 239; mientras que en 78 no se encontraron anomalías o incumplimientos a la regulación ambiental.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que todo material que se usa en la atención de personas con COVID-19 debe ser considerado de riesgo, y que para su tratamiento “existen protocolos técnicos, no es un protocolo específico de COVID ni es específico del IMSS, hay lineamientos técnicos formalmente establecidos” esto el pasado 13 de junio.
Con información de Profepa, Gobierno de México.
