Morelia, Mich.| Acueducto Noticias/Zayda Solís.-Pavel Ulianov Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) destacó que actualmente tienen contabilizados cerca de 50 casos de personas indígenas que han sido detenidas y torturadas en Michoacán.
Enfatizó que esta larga carrera de detenciones y prácticas degradantes hacia las comunidades indígenas tiene registro desde 1974, con los primeros desaparecidos políticos en el estado. Es decir, la familia Guzmán, cinco de sus integrantes fueron detenidos, torturados y desaparecidos en julio de ese año: “Jesús, Armando, Amafer, Solón y Venustiano Guzmán, todos de la comunidad indígena de Tarejero, fueron torturados por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad. Actualmente, el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en espera del dictamen de fondo”.
En el marco del 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, conversamos con el vocero del CSIM, para conocer el estado actual de las personas indígenas privadas de la libertad en Michoacán y que han sufrido tortura.
De acuerdo a Amnistía Internacional, la tortura y los tratos crueles o degradantes a manos de las Fuerzas Armadas y la policía siguen siendo una práctica extendida en México, al igual que la impunidad que mantiene esta situación como un secreto a voces.
El caso más reciente que tienen registrado por el CSIM fue en el año 2023, cuando dos personas indígenas de la comunidad de Santa Fe de la Laguna fueron sometidas a tratos degradantes durante su detención. Es de subrayar que muchos de estos casos no se convierten en denuncias formales por el temor a represalias.
Guzmán señaló que a la fecha se cuentan con quince denuncias hechas en tiempo y forma, aunque la impunidad es imperante dado que no hay detenidos: “En 15 casos sí se cuenta con las denuncias en tiempo y forma, pero hay una impunidad total, toda vez que no hay ni un solo detenido y hay una desconfianza total en las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado”.
En la actualidad, Guzmán resalta que la violencia y la tortura son consecuencia de la defensa del territorio y los bienes naturales de las comunidades indígenas. Estos tratos degradantes han venido tanto de las fuerzas de seguridad y justicia del propio Estado, así como del crimen organizado.
Finalmente, en este panorama, subrayó que las víctimas de tortura de las que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán tiene registro hasta la fecha no han sido acompañadas por el Estado Mexicano, ni por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
