Morelia/Juan Ignacio Salazar
Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, aseguró las acciones desplegadas durante 2017 en la judicatura se resumen en tres conceptos básicos: “Justicia, transparencia y austeridad, que respaldan la materialización de la función jurisdiccional en Michoacán”.
Ante representantes de todos los sectores del estado, el magistrado recalcó que en su conjunto las acciones constatan el esfuerzo de una judicatura que ante el incremento de las cargas de trabajo y la ingente complejidad de las controversias planteadas, “actúa a fin de prestar un servicio de justicia pronta, expedita y de calidad”.
Recordó la tarea realizada exige que los órganos del estado sean quienes tengan a su cargo el delicado desempeño de tal función, cuyo contenido y limites se encuentra regulado por la Constitución, los instrumentos convencionales internacionales y las leyes secundarias.
En ese sentido, dijo, la potestad jurisdiccional no tiene otra fuente que la soberanía popular y la autoridad del Estado, y se configura en torno al Pacto Federal.
Dijo que la articulación de las competencias no debe soslayarse ni perderse, pues en ella radica la adecuada distribución de las cargas de trabajo entre las instancias de justicia y garantiza además que la sociedad tenga acceso oportuno al juez predeterminado por la ley.
Flores Negrete, ante magistrados del STJE y jueces dijo que el auténtico federalismo judicial implica la optimización de los mecanismos procesales y una suficiente asignación presupuestaria que permita a los tribunales contar con el personal suficiente y la infraestructura adecuada a la cada vez más extensa esfera de competencias.
El presidente del STJE en la entidad, aclaró que el órgano ha cumplido con la transparencia en el manejo de los recursos, con estricto apego a la exigencia de los michoacanos.
Indicó en su mensaje que “todas las acciones que integran el informe reflejan que la sociedad tiene en la judicatura local, la certeza de una impartición y administración de justicia conforme a los mandatos de la Constitución”.
Consideró que los magistrados consejeros y jueces, así como el personal de las áreas jurisdiccionales y administrativas han cumplido con responsabilidad.
