Morelia, Mich. | Samuel Ponce/Acueducto Online.- En una sala contigua a su despacho situada en la sede principal del Poder Judicial de Michoacán, el magistrado presidente, Jorge Reséndiz, se nota aligerado, tranquilo, durante una extensa entrevista realizada tras una protocolaria sesión plenaria con sus pares.
La charla periodística, efectuado a mediodía, entre semana, es atestiguada por la responsable del área de comunicación social, Ángela Govela, quien no parece parpadear en la misma, casi posa en forma estoica, mientras que la compañera Dora Luz García busca y busca el mejor ángulo para sus imágenes.
Fortalezas y debilidades
Una de las tareas que ha emprendido el Poder Judicial de Michoacán es de hacer llegar la justicia a todos los michoacanos, por medio de la operación de juzgados, oficinas regionales y una capacitación del personal, apuntó el titular del Poder Judicial del estado.
En amplia entrevista con el periodista Samuel Ponce Morales, el magistrado presidente consideró que lo anterior forma parte de las fortalezas de la institución. Adelantó que “en la medida de lo posible”, puedan ampliar sus servicios en regiones como Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, tras la puesta en marcha de los juzgados laborales en Morelia, Zamora y Uruapan, y la unidad de Gestión en Sahuayo.
En cambio, la insuficiencia presupuestaria podría ser una de las debilidades “para poder hacer todo lo que se pretende”, dijo, como mejoras de instalaciones y digitalización de servicios, por ejemplo.
“Los inconvenientes que encontramos es que todo se traduce en dinero y, por ello, o por una parte tenemos que utilizar lo que tenemos, pero si tuviéramos más creo que pudiéramos hacer más todavía”, sostuvo.
Reséndiz García, al ahondar en la percepción ciudadana sobre el actuar del Poder Judicial, afirmó que “no es mala”; sin embargo, la toma de decisiones por los órganos jurisdiccionales genera en ocasiones una sensación que definió de incomodidad o disgusto, lo cual forma parte de una “decisión judicial”, pues “favorece a uno y afecta al otro por consecuencia”.
En ese sentido, el magistrado presidente aclaró que la interpretación de las leyes bajo un sentido humano “no es una institución que se tenga que aplicar”.
“A veces, han surgido diversas instituciones jurídicas que nos obligan, uno a la capacitación y dos a resolver con sentido común (…) está la cuestión de control difuso de constitucionalidad que nos obliga a analizar si la ley que se aplica afecta o no derechos humanos, está la necesidad de resolver con perspectiva de género o de la situación de una persona con discapacidad, o si se trata de un menor”, resumió.
Feminicidios, “ocupan y preocupan”
Los casos de feminicidios, para el Poder Judicial de Michoacán, son un asunto que “nos preocupa y nos ocupa”, por ello “a los magistrados penales se les ha capacitado”, aseveró el magistrado presidente, Jorge Reséndiz García.
Tanto a ellos, como los jueces penales, dijo, “y tienen la capacitación necesaria para seguir el procedimiento buscando los principios que los rigen que es la verdad, concentración, entre otros”; empero, no se debe descartar que los procedimientos se integran por dos partes y que las leyes establecen obligaciones y derechos para ambas.
“No podemos decirle a una parte con la finalidad de no retrasar el procedimiento que no haga uso de un recurso o de un medio de defensa”, anotó.
Aclaró que el retraso en los procedimientos y que es parte de un reclamo de un sector de la sociedad, no es atribuible de manera estricta a los juzgados o sus titulares, sino al seguimiento que se dan a los recursos, como los juicios de amparo promovidos.
“El juez no está en condiciones de decir si no es tanto que la ley prevé este recurso no te lo admito porque tengo que sacar la sentencia en tanto tiempo, no lo puede hacer, tiene que valorar estos derechos procesales y determinar en beneficio del derecho de defensa de las partes”, agregó.
Reséndiz García se mostró respetuoso de las manifestaciones que surgen mientras se atiende un caso de feminicidio o cualquier otro delito, cuando consideran existe un retraso.
“Incomodidad no, comprensión sí, porque si ellos tienen un sufrir, ellos tienen un dolor pero ellos a los que nos obligan es a que se sigan los procedimientos de la forma y tiempo legalmente previstos. Si en ocasiones se retrasan, se debe a la necesidad de seguir las etapas de ese procedimiento que la ley establece, de respetar los derechos de las partes”, expuso.
En Michoacán, no hay presos políticos
A decir del magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Jorge Reséndiz García, no hay presos políticos en el estado, debido a que toda imputación está sustentada en “hechos y pruebas”, las cuales son analizadas por un juez y, sobre ello, determina si existen elementos para aprobar la presunta responsabilidad en algún delito.
“No tengo el conocimiento, en este momento, de que la sociedad nos atribuya que alguna persona de origen indígena esté siendo procesada indebidamente, o más aún, hubiera sido condenada injustamente”, refirió.
Negó que la aplicación de justica esté sujeta a hacer excepciones por los orígenes de las personas. Para el Poder Judicial, dijo, no es correcto decir que tal indígena tiene la etiqueta de preso político”.
Insistió en que si hay una conducta que se atribuye como delictuosa o ilícita y, con base a ello se sigue el procedimiento, no es posible que se trate de un preso político. A lo mejor, consideró en el caso del sector indígena, por los antecedentes históricos tienden a manifestar esta creencia.
“Creo yo que si hay una conducta que la ley señala como ilícita y respecto de esa conducta es que se sigue el procedimiento, no podemos hablar de presos políticos”, recalcó.
Homicidios dolosos, estáticos
“De un tiempo para acá ha sido uno de los delitos que se ha mantenido; se ha hecho mucho para tratar de prevenirlo, pero las circunstancias -me parece- que van más allá de la prevención”, manifestó el Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán al referirse al homicidio doloso.
Además de este delito, otros como robo, secuestro, lesiones y violencia familiar, son los que por parte de la dependencia se han detectado de mayor incidencia.
Ante este panorama, el magistrado presidente negó que exista alguna región del estado a donde no se pueda acudir, por parte del Poder Judicial. “La justicia está por lo que vea la competencia del Poder Judicial del Estado, está en todo Michoacán”, destacó.
Sin embargo, externó su interés para que el personal de la dependencia se siga capacitando y a su vez, establecer un mecanismo que permita difundir en la sociedad cómo trabaja la dependencia.
Lo anterior para que se entienda, por ejemplo, que una resolución es condenatoria “porque hay elementos” y, si es absolutorio.
