Morelia, Michoacán.- Lo que comenzó como una disputa interna dentro del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro terminó convertido en una investigación administrativa y penal contra la jueza Karla Celina Coello Contreras, quien fue separada temporalmente del cargo mientras avanzan las indagatorias.
El caso involucra denuncias cruzadas entre la titular del juzgado, personal adscrito al órgano jurisdiccional, abogados litigantes, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y órganos internos del Poder Judicial de Michoacán.
La defensa de la jueza sostiene que el procedimiento está basado en testimonios indirectos, inconsistencias y relaciones personales entre algunos de los declarantes, mientras que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones por los señalamientos de presuntos actos de corrupción.
Una queja contra trabajadores abrió el conflicto
El 11 de marzo de 2026, Karla Celina Coello Contreras y personal del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro presentaron una queja ante el Tribunal de Disciplina contra Eréndira Sánchez Arvizu, secretaria de Acuerdos, así como Carmen García Reyes y Fortino Roque García, ambos escribientes del juzgado.
La inconformidad estaba relacionada con conductas atribuidas a los trabajadores del órgano jurisdiccional.
Un día después, de acuerdo con la versión presentada dentro del conflicto, la dirigente sindical Patricia Cuevas Becerril acudió al juzgado para intervenir en la disputa y pedir que fuera retirada la queja contra los trabajadores sindicalizados.
La defensa de la jueza señala que durante ese encuentro existieron presiones para detener el procedimiento interno.
*Trabajadores denuncian a la jueza por presunto cohecho*
El 13 de marzo, Eréndira Sánchez Arvizu, Carmen García Reyes y Fortino Roque García presentaron una denuncia contra la propia jueza.
En ella señalaron presuntos actos de corrupción relacionados con el expediente familiar 876/2025, en el que participaron José Giovanni Chávez Bibriesca como demandado y Yuliana Martínez López como actora.
Como parte de la denuncia entregaron una memoria USB con un video de una supuesta llamada entre Chávez Bibriesca y el esposo de la jueza, además de conversaciones de WhatsApp.
Según la defensa de Coello Contreras, ese material no fue obtenido directamente por los trabajadores, sino que les fue proporcionado por la abogada Gabriela Hernández Barrera, quien mantenía cercanía con integrantes del personal del juzgado.
Una denuncia anónima abrió otro frente en la Fiscalía
Antes de la denuncia presentada por los trabajadores, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió el 2 de marzo una denuncia anónima bajo el nombre de Concepción López Zamora.
La defensa de la jueza cuestionó posteriormente la identidad de la denunciante, al señalar que los datos registrados correspondían a una persona con fecha de nacimiento de 22 de abril de 2018.
El 13 de marzo, la Unidad de Delitos Cometidos por Servidores Públicos instruyó a la agente del Ministerio Público Marcia Cervantes Velázquez para contactar primero a la denunciante y obtener mayores datos antes de iniciar formalmente la investigación.
Sin embargo, aproximadamente dos horas después, la agente abrió la carpeta de investigación por el delito de cohecho y solicitó actos de investigación, sin que todavía se hubiera ubicado a la persona que originó la denuncia.
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Declaraciones bajo cuestionamiento
El 26 de marzo comparecieron ante la Fiscalía Anticorrupción Eréndira Sánchez Arvizu y Gabriela Hernández Barrera.
Posteriormente, el 30 de marzo, José Giovanni Chávez Bibriesca presentó una denuncia formal contra la jueza, su esposo y un abogado relacionado con el expediente familiar.
Un día después compareció Yuliana Martínez López, quien también solicitó que sus declaraciones fueran consideradas dentro de la investigación.
La defensa de Coello Contreras sostiene que varios de los testimonios incorporados al expediente corresponden a referencias de terceros y no a personas que hayan presenciado directamente los hechos denunciados.
Suspensión temporal de la jueza
Con base en las investigaciones iniciadas, la Unidad de Investigación del Poder Judicial solicitó una medida cautelar para separar temporalmente a la jueza del cargo.
La Comisión de Disciplina autorizó una primera suspensión por 20 días hábiles a partir del 2 de junio de 2026 y posteriormente aprobó una ampliación por otros 20 días con efectos desde el 1 de julio.
La defensa de Coello Contreras argumentó que el procedimiento utilizado para justificar la medida fue incorrecto y cuestionó los elementos presentados para sostener la suspensión.
Cambios dentro del juzgado y protesta contra la titular
Durante la ausencia de la jueza fue designada Guadalupe Magaña para asumir funciones dentro del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro.
El 17 de agosto se realizó una manifestación en el juzgado para exigir la salida de Coello Contreras.
Entre los participantes estuvo Gabriela Hernández Barrera, quien previamente había entregado información utilizada en las denuncias contra la jueza y había declarado dentro de las investigaciones.
Un expediente familiar en el centro del conflicto
El expediente familiar 876/2025 permanece como una de las piezas centrales del caso.
A partir de ese juicio surgieron los señalamientos de presuntos actos de corrupción contra la jueza, aunque la defensa sostiene que las resoluciones emitidas dentro del procedimiento judicial fueron utilizadas posteriormente para construir una acusación en su contra.
También señala que el conflicto tiene antecedentes relacionados con diferencias entre abogados, partes del juicio y personal del propio juzgado.
Un caso todavía abierto
A meses de que comenzaron las denuncias, el caso continúa sin una resolución definitiva.
La investigación administrativa contra la jueza permanece abierta, mientras continúan las diligencias relacionadas con los señalamientos de corrupción.
La defensa de Karla Celina Coello Contreras insiste en que existieron irregularidades en la integración de las investigaciones y advierte sobre una posible utilización del conflicto interno para afectar su permanencia dentro del Poder Judicial.
Por su parte, las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para acreditar responsabilidades o si las acusaciones forman parte de una disputa interna que escaló hasta convertirse en un conflicto institucional.
