Morelia/Redacción
Juan Manuel Portal Martínez titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), explicó que su trabajo tiene que ver con la prevención e identificación de la corrupción de los recursos federales y estatales. “Los resultados de años pasados de las Auditorias ayudan a combatir la corrupción pero no somos los únicos responsables de hacerlo. Coadyuvamos al señalar violaciones a la normativa de operación de los recursos.
También señalamos la utilización de los recursos”. Añadió que durante los últimos cinco años se ha presentado 700 denuncias penales, “Hay de todos tamaños y de todos conceptos, hay por desviación de recursos públicos en todo el país contra funcionarios de los diferentes niveles de gobierno”.
Portal Martínez participo en la inauguración de la jornada de capacitación del grupo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), donde destacó: “Existe una deficiencia normativa que permite al titular del Poder Ejecutivo realizar compras ilegales dentro de la normatividad, al ejemplificar que existen operaciones legales, es decir, autorizadas por la Ley de Adquisiciones y la de Obras Publicas que en su artículo primero señalan que las compras entre organismo y entes públicos se pueden realizar sin licitación y se pueden adjudicar directamente por economía personal, en este caso lo que ocurre es que las adquisiciones, compra de servicio o de bienes entre entes públicos sirven para realizar operaciones ilegales».
El titular del órgano fiscalizador nacional afirmó que en dicha lista no se encuentra ningún ex gobernador o secretario: “Ya que ellos no firman los documentos, firman los niveles más bajos”.
Aclaró que los resultados para sancionar a quienes enfrentan las denuncias es responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dependencia que registra actualmente una acumulado de casi 900 denuncias rezagadas correspondientes a muchos años anteriores.
Dijo que en los estados como Chihuahua, Veracruz donde ex funcionarios han terminado en la cárcel, las detenciones no siempre han sido por el uso de uso de los recursos públicos, “hay de todo, enriquecimiento inexplicable, uso indebido de equipos como en Sonora, venta de bienes como en Veracruz o venta de activo entre familiares”.
El Auditor Superior consideró que la solución para evitar el desvió de recursos públicos es que sean los titulares del Poder Ejecutivo los que autoricen con su firma, “pues saben bien que están haciendo uso indebido de la Ley y cuando sepan que tiene que firmar y tener responsabilidades se van a parar estas operaciones o se van a realizar encaminadas a la ley. Se adjudican a universidades o a otras empresas paraestatales servicios que no están en capacidad de poderlos dar, estos al no ser licitados y no tienen la capacidad para hacerlo y ya armado desde antes, se subcontratan con otras empresas y estas con otras más y los recursos se van a empresas que ni conocemos porque en ocasiones encantamos que no existen, esta es una simulación y está debidamente permitido, es una deficiencia legal pero está mal como se está haciendo”.
