Morelia/ Juan Ignacio Salazar
Silvia Estrada Esquivel titular de la Contraloría en Michoacán, señaló que las irregularidades o señalamientos más frecuentes que reciben las llamadas contralorías sociales son aquellas que tienen que ver con la carencia de avances en infraestructura educativa, cambios en el manejo de conceptos para lo cual sé tienen destinado los fondos y en algunos casos, el hecho de que las obras son presupuestadas de manera elevada.
Cuestionada sobre el daño generado a la Dirección de Pensiones del Estado, la funcionaria recordó que se adeudaban 500 millones de pesos de los trabajadores y la administración de Silvano Aureoles Conejo, abono 150 millones.
Dijo que la omisión de esos enteros, corresponde a otras administraciones. Sin embargo, reconoció que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha solicitado información respecto a hemos que pudieran constituir un delito para deslindar responsabilidades entre los funcionarios de los diferentes periodos gubernamentales que se dieron previo a la llegada de la actual administración.
Sobre el seguimiento de las denuncias por el quebranto a Michoacán, la contralora afirmó que “tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la de Justicia del Estado (PGJE) han solicitado cumplimentamos esas denuncias de tal suerte que ya con la última ampliación de demanda, sin duda ya estarán en condiciones de poder cerrarlos, pero eso está en las instancias”.
Ante el cuestionamiento de sí exgobernadores podrían ser sujetos a procesos por este tema, Estrada Esquivel, refirió: “Bueno, tenemos nosotros la experiencia en otros estados y todos somos servidores públicos… las vistas y denuncias son a todos los niveles, incluido quien encabece un ejecutivo, trátese del periodo del que se trate”.
Lamentó señalar que en el pasado hubo demasiada omisión “porque no se hacía nada, ni siquiera se les iniciaba un procedimiento administrativo; no se le daba vista a ninguna autoridad de carácter penal para que le diera seguimiento a algún indicio de delito”.
Al asumir nosotros, añade, “acudimos a presentar las vistas, y presentamos las denuncias penales cuando había clara evidencia de una mala decisión en el manejo de los recursos públicos. Son dos vertientes, iniciamos el proceso administrativo para fincar una inhabilitación o bien solicitar el resarcimiento porque ha habido demasiado daño al erario y nunca nadie había dado vista para solicitarle a los ex servidores públicos que resarcieran el daño y por otra parte, la configuración de un delito”.
