Morelia, Mich. | Humberto Castillo.- Humanas sin Violencia A.C. denunció públicamente la incompetencia y “estupidez” de diversas dependencias e instituciones, principalmente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Hospital General de Uruapan de la Secretaría de Salud de Michoacán, donde se negó la atención a una menor de abuso sexual porque no presentaba denuncia penal.
Sumamente molesta y “encabronada”, Circe López Riofrío, titular de Humanas Sin Violencia, dijo en rueda de prensa afuera del Congreso del Estado, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos actuó con total incompetencia, negligencia y atendiendo a principios moralinos, por lo que exigió una investigación de la Visitadora Regional de Uruapan, Rosa Elena Gutiérrez Murguía.
La denuncia es en seguimiento a lo ya expuesto en el mes de marzo del presente año, respecto de la víctima de iniciales D.R.A. quien fue víctima de agresión sexual, y la actuación institucional ha sido “indigna, incompetente, deshonesta, simulada y sucia”…
Recalcó que la Secretaría de Salud del estado de Michoacán no cuenta con procedimientos institucionales para la revisión y observancia cuando hay casos de negligencia médica, así como omisión y desconocimiento de las normatividades, en especial, la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005.
Circe López acusó de violencia familiar, sexual y contra las mujeres y no contar con los criterios para la prevención y atención, tanto al director del Hospital General, Pedro Daniel Martínez”, a cargo de Juan.
Hernández López, y Karen Stefanni Yabra Puréco del área jurídica quienes negaron el
servicio de atención a la menor agredida sexualmente y exigió la renuncia de ésta última, principal responsable de la no atención de la niña.
Actualmente, se le sigue privando a la víctima de la reparación del daño y con ello no hay garantía de la no
repetición. Pasado por alto nuevamente sus derechos humanos, ya que siguen sin poner en el centro a la víctima sexual, que en este caso es una adolescente, pobre económica mente e indígena.
Los funcionarios públicos desconocen el principio pro persona, lo que hace evidente la incapacidad institucional de
garantizarle a la víctima una interpretación conforme, lo que ampliaría la máxima protección y el bien superior de sus derechos porque es una menor de edad, precisó la denunciante.
La víctima tuvo que buscar la atención, cuidados, comprensión y humanidad no institucional para entender que ella no fue la culpable, y esto ha tenido no sólo costos económicos, sino emocionales y físicos.
Toda esta “actuación institucional” se pretendió reducirla a una disculpa por escrito a la víctima, si es que la autoridad del hospital así lo permitiera, acusó la defensora de los derechos de las mujeres y niñas.
La insistencia en la negación derivada de la incapacidad para entender la violencia sexual, es el resultado de una posición deshumanizada y de discriminación, que lesiona y violenta una y otra vez a la víctima que es una menor de edad, recalcó la entrevistada, quien también despotrico contra las diputadas y diputados locales de la actual legislatura, por no legislar sobre la materia.
“Hacemos un atento llamado para que en este caso intervenga la Fiscalía General del estado de Michoacán y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF. Michoacán, por los delitos de negligencia médica, discriminación y los que resulten cometidos en agravio de una adolescente”.
