Cierto, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) posee el derecho constitucional inalienable de manifestarse y marchar pacíficamente en cualquier espacio público del estado. Sin embargo, este marco protector de libertades fundamentales no le otorga una facultad jurídica ilimitada para apropiarse de manera permanente de la Plaza Melchor Ocampo en la capital michoacana.
El derecho administrativo respalda al Ayuntamiento de Morelia para salvaguardar el orden público, la higiene urbana y la preservación del Centro Histórico. Ninguna organización social o popular puede situarse por encima del Bando de Gobierno Municipal, el cual prohíbe de manera estricta y general el comercio informal en zonas de monumentos protegidos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que las movilizaciones no pueden transgredir los derechos de terceros, el libre tránsito ni la equidad económica general. Instalar un tianguis comercial masivo bajo el amparo de una protesta política desvirtúa la naturaleza legal de la libre expresión ciudadana.
Por ello, el blindaje policiaco preventivo implementado por las autoridades locales busca evitar que las demandas sociales se conviertan en una ocupación territorial indefinida. El FNLS debe encauzar sus exigencias a través de las mesas de diálogo institucionales dispuestas, sin afectar la vida civil, turística y económica del municipio.
La ley delimita con claridad que la protesta pacífica sirve para visibilizar causas, mas no para legitimar actos mercantiles fuera de la normativa vigente. El reto actual consiste en que el movimiento respete los alcances de la legalidad, permitiendo la libre manifestación, pero sin vulnerar el orden patrimonial.
