Morelia, Michoacán | ACG.- El desarrollo del derecho animal en México ha registrado avances significativos durante la última década, sin embargo, la falta de especialización de las instituciones encargadas de impartir justicia continúa siendo uno de los principales obstáculos para la protección efectiva de los animales, señaló Frank Ortiz González, integrante del colectivo Abogados Animalistas México.
El abogado explicó que cuando comenzó su labor dentro de la organización, hace aproximadamente diez años, el maltrato animal aún no era considerado delito en diversas entidades del país. Desde entonces, dijo, los cambios legislativos han permitido fortalecer la protección jurídica de los animales y ampliar el reconocimiento de sus derechos.
Ortiz González destacó el caso de Baja California, donde en 2014 se incorporó el delito de crueldad o maltrato animal al Código Penal. Posteriormente, con el respaldo de especialistas e investigadores en derecho animal, se impulsó una reforma constitucional que reconoció a los animales como seres sintientes sujetos de especial protección.
Afirmó que esta modificación representa un cambio importante porque otorga a los animales una consideración jurídica propia y obliga a las autoridades a brindar una protección más amplia a sus intereses y necesidades.
Señaló que recientemente se realizaron reformas para ampliar el catálogo de delitos relacionados con el maltrato animal. Entre las nuevas conductas sancionadas se encuentran el abandono y la desnutrición de animales, mientras que otros delitos considerados de mayor gravedad, como la zoofilia y la privación violenta de la vida de un animal, ahora enfrentan consecuencias más severas.
Explicó que anteriormente algunos responsables podían acceder a mecanismos alternativos de solución y evitar procesos más amplios, situación que, desde su perspectiva, favorecía escenarios de impunidad. Con las nuevas disposiciones, indicó, los delitos considerados de alto impacto tienen un tratamiento más estricto dentro del sistema de justicia.
Otra de las medidas implementadas en Baja California es la creación de un registro estatal de personas condenadas por crueldad o maltrato animal. Este padrón permitirá dar seguimiento a quienes hayan sido sentenciados por estos delitos y restringir que tengan animales bajo su cuidado.
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Respecto a los casos de zoofilia, el abogado señaló que este tipo de temas suele estar rodeada de silencio y dificultades para su investigación. Explicó que, al igual que ocurre con otros delitos de carácter sexual, muchas veces existen obstáculos para denunciar los hechos y para reunir los elementos necesarios que permitan acreditarlos ante las autoridades.
Indicó que una de las principales complicaciones radica en la falta de personal especializado para identificar y documentar adecuadamente este tipo de casos. En particular, mencionó que se requieren mayores conocimientos técnicos y protocolos específicos para que médicos veterinarios y autoridades puedan determinar cuándo existen indicios de agresiones sexuales contra animales.
Según explicó, la ausencia de capacitación especializada puede provocar que casos potencialmente constitutivos de delito no logren avanzar dentro de los procesos de investigación.
Ortiz González señaló que esta problemática refleja una situación más amplia relacionada con la falta de preparación de algunas instituciones para atender delitos contra los animales. Consideró que aún existen prejuicios que minimizan la gravedad de estos hechos y dificultan que las denuncias sean atendidas con la misma seriedad que otros casos.
Sostuvo que es necesario fortalecer la capacitación de jueces, fiscales, abogados, estudiantes de derecho y personal relacionado con la procuración de justicia. A su juicio, una mayor especialización permitiría reducir los niveles de impunidad y garantizar una mejor atención a las víctimas de violencia animal.
Consideró que la violencia ejercida contra los animales no debe analizarse de manera aislada, sino como parte de un fenómeno social más amplio que afecta la convivencia y la percepción de justicia dentro de las comunidades.
Hizo un llamado a la ciudadanía a informarse sobre los mecanismos de denuncia existentes y a no permanecer indiferente ante situaciones de crueldad o maltrato animal. Señaló que actualmente existen fiscalías e instituciones públicas encargadas de atender estos casos y acompañar a quienes deciden denunciar.
También invitó a reflexionar sobre la relación entre las personas y los animales, promoviendo una convivencia basada en el respeto, la responsabilidad y el reconocimiento de que los animales poseen intereses y necesidades propias que deben ser considerados y protegidos.
