Morelia, Mich. | Acueducto Online.-Claudia Alejandra Zúñiga Gutiérrez, integrante del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los derechos de las personas con discapacidad, aseguró que «hasta que todos tengan acceso a una libre movilidad, tenemos una gran oportunidad de construir los conceptos y abordar posibilidades infinitas de construir una sociedad inclusiva”, tras señalar que hay más de 800 mil personas con alguna discapacidad en Michoacán.
“Deberíamos contar con espacios diversos. Aún falta mucho. Se tiene una deuda histórica en la atención a personas con discapacidad ya que se siguen enfrentando a barreras”.
Llamó a construir una cultura sobre las diferencias, la cual inicia en la familia, desde ese núcleo es importante la inclusión y llamar las cosas por su nombre, por lo que hizo un llamado a dejar los adjetivos como enanito, cogito, etc. “Somos personas con discapacidad. Exigimos una vida de calidad. Una vida. Dónde se valoren competencias y habilidades y no discapacidades”.
Por su parte, el Ombusperson de Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, señaló que se trata de “visibilizar un tema que parece estar en otros estatutos y no hemos podido todavía resolver, ojalá camináramos más aprisa para visibilizarlos”.
Indicó que el gran reto es dar accesibilidad plena a las personas con discapacidad. “Aún tenemos que hacer un recuento de daños y redobles de acciones”. En este sentido agradeció y reconoció que “la sociedad civil siempre exige que demos un pasito adelante con ellos”. La diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal, refirió que Michoacán se encamina a ser cada vez un estado más respetuoso e inclusivo. Dijo que “las únicas barreras que existen son las que pone la sociedad al estigmatizar a esta parte de la población”.
Por su parte, Mariana Díaz Figueroa, directora de promoción de losDerechos de las Personas con Discapacidad, adscrita a la Unidad General y de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la SCJN en su conferencia magistral “La Capacidad Jurídica Plena de las Personas con Discapacidad; Deudas Históricas y Ventanas de Oportunidad”, reflexionó que la capacidad jurídica “significa que una persona no puede decidir por sí misma al ser declarada interdictal o incapaz, pues tiene un representante que toma decisiones por ella”.
“Es una figura que históricamente surge para proteger patrimonios no para dar dignidad a las personas en sus decisiones. Ha sido una forma de aniquilarles civilmente sus decisiones respecto de la vida, el patrimonio y sus proyectos. Por ejemplo, les impide defenderse de posibles violaciones de derechos por parte de su tutor. Se ha impuesto a muchas PCD sobre todo intelectual y psicosocial. Hoy en día la interdicción está muy lejana a un enfoque de derechos humanos y a una perspectiva de discapacidad”.
