En mayo de 2015 fueron publicadas las reformas constitucionales que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción, con estas y sus posteriores leyes secundarias quedó cimentada la estructura institucional que buscaba atender el fenómeno de la corrupción en el país, cuyos sobrados ejemplos, empezando por la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto en 2014, cristalizaron por primera vez el hartazgo social y los señalamientos que distintas organizaciones de la sociedad civil, empresarios e instituciones académicas habían encabezado, en por lo menos los últimos 15 años.
Sin embargo, esta oportuna iniciativa que comprende un complejo aparato en el que intervienen instituciones de la administración federal, organismos autónomos y la participación de la ciudadanía, que es sin duda su columna vertebral, así como su espejo en las 32 entidades federativas, parece navegar a la deriva.
Sin el respaldo de los actores políticos, como las dificultades que en el camino ha encontrado el Sistema para su institucionalización, que van desde aquellas relacionadas con la falta presupuestos y oficinas, la integración de los Comités de Participación Ciudadana, como la conformación de sus órganos ejecutivos y tribunales de justicia administrativa; son apenas el botón de muestra de un entramado que pese a su novedoso y meticuloso diseño, carece del lubricante necesario, que permita la operación de cada una de sus partes, como engranes de una gran maquinaria colaborativa; tal como se la propuso el legislador desde su creación en 2015.
Combatir de manera efectiva un mal que más que tratarse de un padecimiento endémico o cultural, como se suele afirmar cuando se habla de corrupción, éste guarda más como señas particulares que le distinguen de lo que ocurre en otros países, el grado de tolerancia social, como a los altos niveles de impunidad y con ello la falta de sanciones que inhiban su repetición. En ambos casos, la consolidación del Sistema aún puede jugar un rol determinante, siempre que vaya acompañado de un genuino compromiso político-institucional, más allá de la voluntad moral de los actores públicos, pues es esa la razón de que exista un conjunto de normas e instituciones que se coordinan con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.
En 2018, con el inicio de la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción si bien fue colocado al centro del discurso gubernamental, muy poco se ha avanzado en el fortalecimiento del Sistema, por el contrario han tenido lugar expresiones que desde el grupo mayoritario se pronuncian por cercenar su brazo técnico o incluso impulsar su desaparición.
Tomarse en serio la corrupción como política de gobierno, requiere en principio del más amplio reconocimiento como una problemática que no solo merma o afecta los recursos del Estado, sino que al mismo tiempo trae consigo un freno al desarrollo y bienestar de los ciudadanos, incluido el acceso a derechos básicos, como la salud o la educación.
Avanzar en la materia, implica pasar del castigo político, como recurso de control o venganza del poder en turno a sanciones que involucren la red de actores participantes en dichos actos de corrupción. Lo mismo que, implementar los procedimientos y políticas que, si bien se encuentran establecidas en las leyes, aún tienen pendiente su aplicación. Así lo señala el Informe sobre el Combate a la corrupción en México 2020, realizado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, presentado en agosto pasado.
De manera paralela a la implementación de las acciones pendientes del Sistema, es fundamental que estas instituciones logren permear en la conciencia social, respecto de su valor y funcionalidad, como un mecanismo no solo pertinente sino con consecuencias evidentes, que por un lado canalicen el malestar ciudadano y por otro vayan modificando la percepción y el ejercicio mismo del servicio público. Y no sólo queden como cuestionadas y onerosas burocracias que reproducen el botín de funcionarios que están mandatados a desmantelar.
No está de sobra señalar, que justo en ese argumento de alejamiento de las autoridades electorales con la ciudadanía, hoy pende el futuro de las instituciones democráticas, ante el peligro de una reforma electoral regresiva.
La exposición de casos de corrupción cada vez mayor, así como las mediciones que colocan a nuestro país en los peores niveles de corrupción, como el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que ubica a México en la posición 124 de 180 países evaluados, último lugar entre los 38 países que integran la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), forman parte de la radiografía de un tema que lejos de vislumbrar su extinción, parece expandirse y reproducirse con facilidad, carcomiendo la entrañas de la vapuleada vida democrática.
Antes de que surjan las iniciativas que lleven a su desaparición, aun estamos a buen tiempo de engrasar las tuercas del Sistema Nacional Anticorrupción.
Corolario: En Michoacán, recientemente se ha aprobado la Política Estatal Anticorrupción, urge empezar su implementación y difundirla entre los ciudadanos. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2021 de INEGI, el estado pasó de una tasa de prevalencia por cada 100 mil habitantes de 10, 231 casos en 2019 a 15, 882 en 2021.
