Morelia, Mich. l Acueducto Online.- De aprobarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y si se declara en automático la inconstitucionalidad de la prisión preventiva se pondrían en libertad en Michoacán a tres mil 872 presuntos delincuentes, señaló el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla este lunes.
Durante su tradicional rueda de prensa, Ramírez Bedolla recordó que el próximo 5 de septiembre, el pleno de la SCJN resolverá un juicio de amparo en revisión y dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la figura de la prisión preventiva oficiosa, el proyecto del ministro ponente propone eliminar la medida cautelar.
Resaltó que el gobierno de Michoacán se opone a la desaparición tajante de la prisión preventiva oficiosa, sin que se establezcan medidas suficientes para prevenir, que su declaratoria de inconstitucionalidad afecte la seguridad pública y la impartición efectiva de la justicia
Los delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa son delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, violencia sexual contra menores, entre otros.
«No se puede dejar en libertad a personas de delitos graves, esto significaría que delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa enfrentarían en libertad sus procesos judiciales. Permitir que se siga en libertad, las personas vinculadas a proceso por su responsabilidad en delitos graves dejaría a las víctimas, a los testigos a los denunciantes y a los propios jueces en una situación de riesgo que vulneraría también el sistema de justicia», indicó.
Por lo que convocó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a escuchar lo que tienen que decir las víctimas, sobre la posibilidad de que sus agresores enfrenten en libertad el proceso penal en su contra.
El gobernador evidenció que los ministros pretenden desconocer el artículo 19 de la Constitución que dice que «el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud».
Actualmente en Michoacán tres mil 872 que siguen su proceso penal en prisión preventiva.
En caso se vote la inconstitucional de esta figura, el gobernador propone que no se aplique de manera automática y se establezca un plazo razonable para revisar caso por caso las medidas cautelares vigentes y determinar justificada aquellas que deben prevalecer por seguridad de las víctimas o para evitar que los imputados puedan obstaculizar los procesos.
