Hoy, la justicia, de México y en particular de Michoacán, tiene nombre de ausencia: Silvano Aureoles Conejo. El ex gobernador es un espectro caminante, mientras las fiscalías acumulan expedientes sin resultados concretos.
En base a los expedientes, desde los desvíos millonarios y la masacre de Arantepacua, sí, su libertad es un insulto. Ambos casos son llagas abiertas que exigen una aprehensión inmediata, sin dilataciones, sin pretextos.
Ante ese tipo de impunidad, las interrogantes suelen ser incapacidad gubernamental real o tregua pactada bajo la mesa política. Por lo pronto, para el Gobierno de Michoacán es una factura pagada con el creciente desprestigio institucional.
Sin duda, su captura podría parecer el fin de una época, de una era, de privilegios. Observar a Silvano Aureoles tras las rejas significaría, para muchos, la legitimación real del discurso anticorrupción de la llamada Cuarta Transformación.
Ni las autoridades internacionales -como el caso de la Interpol y toda su ficha roja-, menos federales y estatales cercan al ex mandatario. La narrativa oficial del castigo se choca con la realidad de un prófugo que lastima al Estado mexicano.
Si, a estas alturas, al menos en Michoacán, el tiempo de declaraciones mediáticas y promesas ya caducó. Sin la detención de Silvano Aureoles, la sospecha de complicidad tiende a ser una verdad absoluta para una ciudadanía harta de la impunidad rampante.
La entidad no requiere más carpetas de investigaciones para el archivo muerto, lo que se necesita es visualizar, en los hechos, como la ley, el marco jurídico, alcanza a Silvano Aureoles, antes de convertir su fuga en el mayor ridículo político.
