Editorial
Samuel Ponce Morales
1.- Con la aprobación en lo general del paquete fiscal Michoacán 2020 -en donde se incluyen nuevos impuestos, como el del transporte escolar y de personal, la reestructuración y contratación de la deuda pública, aunque se desecharon algunas tasas impositivas, sobre todo el relativo a la remediación ambiental en la extracción de materiales-, de nueva cuenta con el Congreso del estado se impone una de las propuestas más importantes del gobierno michoacano, de extracción perredista.
2.- A lo anterior, pese a que MORENA tiene la mayor fracción parlamentaria, pero sin la cohesión debida, hay que sumar las victorias por el Ejecutivo del estado, logradas en el propio Congreso de Michoacán, con las designaciones de los titulares de la Fiscalía General de Michoacán y de la Auditoria General de Michoacán, cuyos nombramientos recayeron en Adrián López Solís y Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, respectivamente, vinculados en forma más que directa e indirectamente.
3.- Esos logros perredistas que han sido cuestionados por los morenistas en mayor medida y los panistas en menor, sin las suficientes pruebas para irse a los tribunales judiciales, provocan que el actual Gobierno de Michoacán, más que el propio instituto político que lo erigió, se oxigene rumbo a la confrontación política electoral del 2021 en la cual será renovado y que sin ellos no sería posible soportar la esperada embestida de sus adversario y no solo exactamente en las urnas.
