De manera deslizada, el fantasma de Silvano Aureoles Conejo sigue siendo socializado en los pasillos del círculo rojo de la clase política de Michoacán, en donde su prolongada ausencia pesa más que su presencia. A año y medio de su huida, la justicia mexicana arrastra los pies y suministra el sospechosismo colectivo en cafés y pasillos políticos.
En ese caso, las fiscalías acumulan carpetas por peculado y derechos humanos, pero la paciencia oficial empieza a oler a una soterrada complicidad. Para el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la falta de captura es una contradicción andante frente a los golpes delictivos que presume.
En la entidad, mientras el ente gubernamental resalta la caída tras caída de líderes criminales regionales y récords en detenciones, el objetivo principal sigue intocable. Y es que presumir que el estado ya cumplió con denunciar, resulta un consuelo muy pobre para una sociedad harta de la simulación.
A nivel federal, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo tampoco sale limpia del desgaste que significa mantener una ficha roja de la Interpol sin resultados. El argumento oficial de que el Cártel Jalisco facilitó su escape raya en la justificación de una ineficacia institucional vergonzosa.
Si el Estado mexicano no puede localizar a un exgobernador tan visible, la certeza jurídica de la llamada transformación queda en entredicho. En tanto, en el terreno local, el otrora poderoso silvanismo se desmorona entre el deslinde de sus antiguos aliados y el silencio de sus operadores.
Los restos del sol azteca michoacano, presididos de facto por Octavio Ocampo Córdova, buscan sacudirse la peste de su exjefe político para realizar alguna alianza rumbo al 2027. Quienes antes le aplaudían de pie y de rodillas, hoy padecen de amnesia colectiva para futurear su futuro.
Sin duda, el caso evidencia que la procuración de justicia en México sigue secuestrada por el cálculo político y la parálisis burocrática del sistema penal. Capturar al perredista no solo limpiaría el panorama de los gobiernos en turno, sino que devolvería parte de la credibilidad a las instituciones del Estado.
Por menos que eso, a otros ya los habrían alcanzado; aquí, la impunidad vuela en helicóptero privado, bueno, eso dice la versión institucional.
