Acueducto | Samuel Ponce Morales
1.- Hay demasiada prisa de las autoridades michoacanas correspondientes por resolver en su totalidad el caso de Jessica González, la joven que después de desaparecer fue hallada muerta y que ha provocado una serie de manifestaciones exigiendo justicia, algunas de ellas con focalizados actos vandálicos impulsados por integrantes de grupos anarco feministas.
2.- No es un asunto menor esa prisa, especialmente del Ejecutivo y de la Fiscalía General de Michoacán, a cargo de Silvano Aureoles Conejos y Adrián López Solís, respectivamente, pues las manifestaciones citadas pueden tomar signos de una radicalización que evidencie con mayor fuerza una incapacidad gubernamental por hacer justicia y se desborde a crear síntomas de ingobernabilidad.
3.- De ahí que, aparte de agilizar las investigaciones en torno a los hechos y lograr la orden de aprehensión, se haya propuesto una millonaria recompensa para quien o quienes aporten datos que conlleven a la captura del presunto homicida de Jessica. Como se ve, el caso se convirtió en alta prioridad para el Gobierno de Michoacán y, como se dijo, todo por la presión ejercida desde la desaparición de la joven.
