• Mientras el discurso oficial presume leyes de papel, el crimen sigue imponiendo su ley en la canasta básica; el bolsillo de las y los michoacanos financia una impunidad que el aparato estatal no logra contener.
La extorsión en Michoacán no cede ni con discursos y programas oficiales ni con reformas de papel. En tanto el gobernador Ramírez Bedolla presume leyes de vanguardia, estrategias y unidades policiales de élite, la realidad en las calles, huertas y comercios exhibe un flagelo que muta de forma descarada.
El cobro de piso en territorio estatal ya no es solo una llamada telefónica amenazante desde el interior de un reclusorio; hoy se visualiza en el monopolio criminal del pollo, las tortillas y el limón. El ciudadano padece el impacto directo en su bolsillo, pagando el sobreprecio inflacionario dictado por la delincuencia.
Si, si, las cifras de la Fiscalía General del Estado reportan detenciones, aprehensiones, que intentan establecer control institucional, pero sin convencer a una gran arte de la población. Y es que ese triunfalismo burocrático choca de frente contra el 97 por ciento de una cifra negra alimentada por el temor y la desconfianza ciudadana.
Por lo pronto, grandes ciudades como Morelia, Uruapan y Apatzingán son los epicentros de un mapa delictivo que el gabinete de seguridad federal no logra pacificar. Por más que Omar García Harfuch coordine operativos, los cárteles fragmentados se vuelven más agresivos para mantener a flote sus finanzas de sangre.
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Más allá del maquillaje, la actual administración estatal camina a un ritmo burocrático, mientras el crimen organizado opera a velocidad adaptativa y violenta. Al final, entre la pose gubernamental y la terca realidad, la y el comerciante michoacano sigue atrapado en la misma e insoportable impunidad.
