Los dados de la política en Michoacán ya comenzaron su rodar incierto rumbo a la sucesión gubernamental de 2027. En ese juego de vencidas y simulaciones, el Congreso del Estado de Michoacán acaba de obsequiarnos una de esas coreografías legislativas a las que tanto afecto le tienen sus inquilinos circunstanciales.
Nos vendieron una reforma electoral «histórica» y de «profunda austeridad», pero a la hora de meterle mano a las prerrogativas de los partidos políticos —al verdadero dinero público—, parece ser que a todos y a todas las diputadas locales o al menos a la mayoría les dio un súbito ataque de amnesia y parálisis regulatoria.
¿Por qué en la tierra del Solio de Ocampo nadie se atreve a tocar el bolsillo de los institutos políticos? La respuesta navega entre el cómodo pretexto legal y el crudo pragmatismo de la sobrevivencia partidista. Por un lado, el argumento técnico saltó de inmediato como un escudo impecable: la famosa fórmula federal dictada desde el artículo 41 de la Constitución federal.
Nos repiten, con fastidiosa insistencia jurídica, que los congresos locales tienen las manos atadas; que la multiplicación del padrón electoral por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es una regla matemática nacional e inamovible a nivel doméstico. Vaya paradoja de nuestra soberanía estatal:
Se es muy libre para legislar sobre amparos y discursos, pero se es sumamente leal, por no decir obediente, ante el evidente centralismo cuando de proteger el financiamiento ordinario se trata, pero más allá del blindaje constitucional, la realidad territorial en Michoacán obedece a otras dinámicas de poder.
Y es que, desbancar o reducir las prerrogativas habría significado un suicidio financiero en la víspera de la gran batalla que ya se anticipa para 2027. El bloque de la llamada Cuarta Transformación ondea la bandera de la austeridad republicana, pero sus propios aliados locales, no tardaron en poner el grito en el cielo ante cualquier amago de recorte.
La equidad de la contienda, dicen ellos; la subsistencia de sus franquicias, entendemos los ciudadanos. Para mitigar las críticas, los legisladores prefirieron desviar la atención hacia otras trincheras. Castigaron la burocracia del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y del Tribunal Electoral (TEEMich) fijándoles topes salariales.
Claro, como se ha dicho, de paso, apretaron las tuercas contra las candidaturas independientes, prohibiendo sus coaliciones de facto para evitar sorpresas ciudadanas incómodas en las boletas electorales. Lo único plausible, si se quiere ver así, fue el incremento del 3 al 8 por ciento en el presupuesto obligatorio para la capacitación de mujeres.
Si, lo anterior, un avance justo, sí, pero que no altera en absoluto la robusta bolsa de recursos partidista. Al final, la reforma electoral local nos deja el mismo sabor de boca de siempre: el dinero público asignado a la política sigue siendo el becerro de oro de nuestra democracia; un ente sagrado, intocable y transversal a ideologías.
En Michoacán, las cúpulas partidistas volvieron a demostrar que, cuando se trata de defender el presupuesto que aceita sus maquinarias, no hay colores ni divisiones que valgan. La bolsa se queda intacta; el ciudadano, como siempre, sigue pagando la fiesta.
