Ignacio Hurtado Gómez
Las primeras reflexiones
- Las instituciones electorales
En relación con los órganos electorales, como se dijo, uno de los grandes temas abordados en la última reforma electoral fue precisamente la confección de una autoridad electoral nacional, con un esquema de competencias en el cual, las principales, son concentradas en dicha instancia, dejando a las autoridades electorales locales, en muchos casos con papeles marginales, aunque no por ello menos importantes, pues como se sostuvo en varios momentos, al final del día, un tema tan sensible y fundamental como lo es la conducción política de los procesos electorales siguió recayendo en estas instancias estatales.
Sin embargo, es una realidad que la parte logística y técnica del proceso electoral tuvo su principal, y en ocasiones único soporte, en el Instituto Nacional Electoral.
Con base en ello, un primer aspecto que evidenció el proceso electoral, fue la necesidad de fortalecer la coordinación y comunicación entre ambas instancias, la nacional con la local, y viceversa.
Ciertamente, se considera que esa parte dialogante pasa inevitablemente por la necesidad de definir con mayor claridad la naturaleza de los órganos locales; es decir, hasta dónde alcanza su autonomía, cuál es su régimen de responsabilidades frente a la autoridad nacional, ¿forman parte de la autoridad nacional o son entes aislados?, en fin, varios temas que requieren claridad.
Otro aspecto que llamó la atención fueron los diseños institucionales, y en donde el tema no sólo se evidenció en el ámbito administrativo (IEM), sino también en la autoridad jurisdiccional (TEEM).
En efecto, si bien, como se dijo, se presentaron cambios a nivel legal, y de procedimientos, no aconteció lo mismo en lo institucional, al menos no en lo inmediato, sino que fue necesario redefinir sobre la marcha.
Lo anterior plantea la necesidad, a futuro, de rediseñar a las autoridades electorales en función a sus nuevas competencias.
Un ejemplo de ello, y que se reflejó tanto en el IEM como en el TEEM, fueron los llamados procedimientos especiales sancionadores que se presentaron durante las campañas y que alcanzaron cifras importantes, y que en momentos complicaron el quehacer de ambas instituciones por las cargas de trabajo que se presentaron, con el agregado que tales procedimientos resultaron fundamentales en la normalidad de las propias campañas. Además, a la experiencia del TEEM habrá que sumarle las cargas que llegaron de los juicios ciudadanos que igualmente, como una nueva competencia suya, se presentaron destacadamente con motivo de los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos.
Así pues, dos son las principales encomiendas que se visualizan para las autoridades electorales, por un lado coordinación y comunicación interinstitucional, y los rediseños institucionales en función al nuevo esquema competencial.
Así pues, dos son las principales encomiendas que se visualizan para las autoridades electorales, por un lado coordinación y comunicación interinstitucional, y los rediseños institucionales en función al nuevo esquema competencial.
2. Los procedimientos
Dice el dicho que: «el diablo está en los detalles»; mientras que Ortega y Gasset señala con mayor puntualidad que: «la salud de las democracias, cualesquiera que sea su tipo y grado, dependen de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral». Entiéndanse pues, los procedimientos electorales.
En este punto me refiero a que, en el marco de un proceso electoral existen procedimientos específicos que deben ser replanteados, por lo menos repensados en razón a su objetivo y funcionalidad. Veamos, sin mayor rigor metodológico algunos de ellos.
Justicia intrapartidaria. Dice un aforismo que: «justicia retardada, justicia denegada». Es necesario que al interior de los partidos políticos, y en el marco de la Ley General de Partidos Políticos se ajusten los mecanismos internos de resolución de controversias, pues una constante en el proceso electoral concluido fue la disfuncionalidad de dichos procedimientos, lo cual generó retrasos en la administración de justicia, pero más concretamente puso en entredicho la vigencia de los derechos político-electorales de los ciudadanos militantes de los partidos políticos, particularmente cuando éstos buscan la nominación a una candidatura por su propio instituto político.
Candidaturas independientes. Un debate abierto ya en estos momentos a nivel nacional tiene que ver con la accesibilidad de los ciudadanos a la categoría de candidatos independientes, sobre todo porque en algunos casos los requisitos no resultan proporcionales e idóneos en razón a dicha figura democrática, por ello, principalmente los legisladores tendrán que analizar el marco jurídico actual y homogeneizar por un lado, y en otros, probablemente flexibilizar los requisitos existentes a efectos de maximizar el derecho a ser votados.
Ubicación de casillas. Un tema que llamó la atención en este proceso, más con un toque político, pero con impacto en lo logístico, fue la negativa de no pocas escuelas de educación básica a facilitar sus instalaciones para la instalación de casillas, lo que para muchos resultó una estrategia para inhibir la participación ciudadana por el desconcierto ante la falta de claridad de su lugar para votar, lo que obligó al INE a prever domicilios alternos, pero que al final del día complicó un poco la instalación de dichas casillas sin que el tema pasará a mayores.
Fiscalización. Uno de los grandes temas de la reforma fue, sin duda, el de la fiscalización. Ciertamente con el nuevo diseño, y bajo los principios establecidos, se buscó superar la criticada experiencia de que, en no pocos casos, los resultados cuestionables que arrojaba la fiscalización eran a destiempo; esto es, los excesos e irregularidades que salían a la luz pública en materia de recursos económicos en las campañas se conocían ya cuando los candidatos triunfadores estaban ejerciendo el cargo. No obstante lo anterior, en este proceso se logró que la fiscalización fuera en línea y sobre todo «en tiempo real»; sin embargo, a partir de las impugnaciones de todos los partidos políticos en las elecciones municipales quedó la duda sobre la realización de una fiscalización real, lo que supone la necesidad de repensar los mecanismos de fiscalización.
