Morelia, Mich., 9 de Julio del 2026.- Hoy en el congreso del estado las y los diputados presentaron diversas iniciativas para reforma, entre las propuestas están: crear un registro de agresores sexuales de menores, endurecer penas por abuso en escuelas, castigar con 40 años de prisión el reclutamiento forzado, que sean delito los secuestros virtuales y legislar sobre la violencia digital.
También, abarcaron otros temas como:asistencia social para personas con enfermedades raras, capacitación obligatoria para atención de los Sistemas DIF , homologar reformas constitucionales para asegurar a personas con discapacidad, limitar a 25 años el pago de pensión alimentaria a los hijos y regular el transporte masivo y por cable.
A continuación se presentan las iniciativas planteadas por cada integrante:
VANHE CARATACHEA PROPONE CREAR REGISTRO DE AGRESORES SEXUALES DE MENORES
- Considera que esto permitirá que no se exponga a los menores a personas que hayan cometido delitos sexuales.
Morelia, Michoacán, a 09 de julio del 2026.- Bajo la premisa de que la ley debe evitar que se cometa un delito, más que generar mayores sanciones cuando ya se cometió, es que la diputada Ana Vanessa Caratachea propone la creación del Registro Estatal de Personas Sentenciadas por Delitos Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes.
“Porque cuando una niña o un niño ya fue víctima, no existe sentencia que borre un recuerdo ni prisión que sane un dolor así, no existe reparación del daño capaz de devolverle a esa niña o niño la tranquilidad con la que alguna vez miró el mundo”, expuso la diputada del PAN en tribuna.
Esta información no sería de carácter público, sino que podría ser consultada únicamente por autoridades de seguridad, el Poder Judicial y personas o instituciones públicas o privadas orientadas a la educación, deporte o actividades recreativas dirigidas a niñas, niños o adolescentes.
“Confiamos en quien enseña, en quien cuida, en quien entrena, en quien acompaña, en quienes reciben de nuestras manos lo más valioso que tenemos: nuestros hijos y precisamente ahí comienza la responsabilidad más grande que puede asumir un Estado, proteger esa confianza, porque cuando un agresor sexual ocupa un espacio donde debería existir cuidado, no solamente se comete un delito, se destruye una infancia, se rompe una familia y se lastima la confianza de toda una sociedad”, reflexionó.
La intención de la iniciativa que propone Vanhe Caratachea es modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al agregarle un capítulo acerca de este registro, que contendría los nombres de personas que hayan sido sentenciadas por delitos de índole sexual.
La diputada de La Piedad enfatizó la necesidad de lograr que este delito no ocurra, porque el abuso sexual infantil es un delito que no finaliza una vez que se cometió, sino que desencadena toda una serie de afectaciones emocionales a la víctima que la acompañan durante años y a veces toda la vida.
GIULIANNA BUGARINI PRESENTA INICIATIVA PARA ENDURECER PENAS POR ABUSO EN ESCUELAS
Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.- La diputada Giulianna Bugarini presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para aumentar las penas cuando los delitos de violación o abuso sexual sean cometidos contra niñas, niños o adolescentes dentro de una institución educativa pública o privada. La propuesta recibió el respaldo de las y los diputados, quienes la turnaron para su análisis legislativo.
La reforma propone incorporar una agravante al artículo 168 del Código Penal de Michoacán para que estos delitos sean castigados con mayor severidad cuando ocurran dentro de una escuela. La iniciativa no crea un nuevo delito; fortalece la legislación vigente al reconocer que una agresión cometida en un plantel educativo tiene una gravedad mayor por tratarse de un espacio que debe garantizar protección, confianza y seguridad para las y los estudiantes.
“La escuela debe ser un lugar donde las familias tengan la certeza de que sus hijas e hijos están seguros. Quien traicione esa confianza y dañe a una niña, un niño o un adolescente dentro de una institución educativa debe enfrentar un castigo más severo. Nuestro deber es proteger a la niñez y fortalecer la ley para que nunca haya impunidad”, afirmó Giulianna Bugarini durante la presentación de la iniciativa.
La legisladora explicó que este tipo de delitos no sólo afectan profundamente a la víctima, sino que también vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación en un ambiente seguro, generan consecuencias psicológicas de largo plazo y debilitan la confianza de las familias en las instituciones educativas.
Giulianna Bugarini reiteró que esta reforma busca cerrar un vacío en la legislación estatal y reforzar la protección de la niñez en Michoacán. “Las escuelas son para aprender, crecer y soñar. Desde el Congreso seguiremos impulsando leyes que garanticen que sean espacios seguros para todas y todos”, concluyó.
MEMO VALENCIA PROPONE CASTIGAR CON 40 AÑOS DE PRISIÓN EL RECLUTAMIENTO FORZADO
Morelia, Michoacán, a 08 de julio de 2026.- Una pena de hasta 40 años de cárcel propone el diputado del PRI, Memo Valencia, para castigar con severidad a quien obligue a otros a integrarse a la delincuencia, y este sea más grave «cuando el reclutamiento se realice en contra de menores de edad, personas de la tercera edad o personas pertenecientes a comunidades indígenas».
Aseveró que, si estas modificaciones ya existieran en el Código Penal estatal, “delincuentes como ‘El Sierra 1’, detenido recientemente, tendría que responder por este delito que se ha convertido en un gran problema en toda la entidad, no solo en la zona de influencia de este criminal”.
«Habría un concurso de delitos y tengan la certeza que para la autoridad sería más fácil castigarlo. Y también que el juzgador tendría la posibilidad de sentenciarlo a más años de cárcel», dijo.
Señaló que, así como la zona de Morelia ha padecido este fenómeno del reclutamiento forzado de personas, hay municipios de Tierra Caliente, como Apatzingán, donde también se presenta.
«Ojalá y se pueda dictaminar al respecto y hagamos de eso una realidad que estamos seguros que las barreras políticas que tenemos nos lleven a coincidir en acelerar estos temas para que sean pronto una realidad, porque acabamos el periodo legislativo, pero los delincuentes, secuestradores, integrantes del crimen organizado, no tienen vacaciones», pidió.
El diputado Memo Valencia insistió en legislar este tema de forma rápida, porque el que no sea considerado un delito no es responsabilidad del gobernador o de la presidenta del país, sino de los propios diputados.
La iniciativa que reforma la denominación del Capítulo III del Título Sexto del Libro Segundo, y los Artículos 173 y 174 del Código Penal del Estado de Michoacán, fue apoyada por diputados de diversos grupos parlamentarios y turnada a la Comisión de Justicia.
BUSCA GIULIANNA BUGARINI QUE LOS SECUESTROS VIRTUALES SEAN UN DELITO
Morelia, Michoacán, 09 de julio de 2026. La diputada Giulianna Bugarini presentó una iniciativa para incorporar al Código Penal de Michoacán el delito de Coerción Simulada Digital, con el objetivo de sancionar las llamadas conocidas como “secuestro virtual”, en las que delincuentes manipulan psicológicamente a una persona para obtener dinero.
Bugarini explicó que en estos casos no existe una privación física de la libertad, como ocurre en un secuestro tradicional. Sin embargo, mediante llamadas, mensajes o medios digitales, los agresores simulan que un familiar está en peligro, aíslan a la víctima, le ordenan mantenerse incomunicada y la presionan para realizar depósitos o transferencias.
“Que no exista una persona retenida físicamente no significa que no exista violencia. El miedo es real, la manipulación es real y el daño emocional y económico también lo es. Por eso la ley debe reconocer y sancionar esta nueva forma de delincuencia”, afirmó Giulianna Bugarini.
La iniciativa propone crear el artículo 189 Bis del Código Penal del Estado y establecer penas de tres a ocho años de prisión y de 200 a 500 días de multa. Las sanciones aumentarían cuando la víctima sea mujer, menor de edad, persona adulta mayor, persona con discapacidad o se encuentre en una relación de subordinación o dependencia.
“Desde la izquierda entendemos que la tecnología debe servir para comunicar y proteger, no para sembrar terror ni despojar a las familias de su patrimonio. Con esta reforma para tipificar la Coerción Simulada Digital cerramos un vacío legal y fortalecemos la protección de la tranquilidad, la libertad y la seguridad de las personas”, concluyó la legisladora.
VICENTE GÓMEZ PROPONE LEGISLAR SOBRE LA VIOLENCIA DIGITAL
Morelia, Michoacán; 08 de julio de 2026. Con la finalidad de que se generen y apliquen políticas públicas para la prevención y atención de la violencia digital en todos los municipios de Michoacán, el diputado Vicente Gómez Núñez presentó una iniciativa de ley, durante la sesión extraordinaria de este miércoles.
El legislador del Distrito XIX con sede en Tacámbaro propuso diversas reformas y adiciones a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica Municipal, todas del Estado de Michoacán; para atender y combatir la violencia digital.
Al hacer su exposición en tribuna, ante sus homólogos de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán, indicó que este fenómeno requiere de pasos firmes, desde el legislativo, para contribuir a generar espacios digitales seguros para las infancias, las juventudes y la población en general.
Detalló que la propuesta implica la obligación por parte de las autoridades estatales y municipales para implementar campañas permanentes de prevención de la violencia digital, la capacitación de las personas servidoras públicas y el desarrollo de protocolos para la denuncia y atención inmediata.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) invitó a sumarse a esta propuesta para frenar este fenómeno en Michoacán, el cual provoca serios daños psicológicos y afectaciones a la vida privada de las personas que con víctimas de este tipo de violencia.
PROPONE DIPUTADA TERE HERRERA ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS
• Con esta iniciativa se fortalecerá el acompañamiento a pacientes y sus familias, así como la coordinación entre instituciones de salud, DIF y sociedad civil.
Morelia, Michoacán, a 09 de Julio del 2026.- Las y los michoacanos deben vivir con igualdad de oportunidades, acceso a la justicia social y a servicios de salud de calidad, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa de reforma al artículo 5° de la Ley de Asistencia Social de Michoacán.
Herrera Maldonado explicó que al incorporar en la ley como “sujetos de atención” a las personas con enfermedades o condiciones raras de salud, podrán acceder a una atención integral y oportuna.
“Ninguna persona debe quedar excluida de la protección institucional por el simple hecho de padecer una enfermedad poco frecuente. Solo al establecerlo en las leyes podremos garantizar que las y los michoacanos, independientemente de su edad, género, lugar de residencia o condición de salud, vivan con dignidad, igualdad de oportunidades y con justicia social”.
La legisladora indicó que en México se estima que alrededor de 8 millones de personas viven con alguna enfermedad rara, por lo que es indispensable generar condiciones equitativas y dignas para estos pacientes y sus familias.
“En la Ley de Asistencia Social del Estado de Michocán de Ocampo no se contempla de manera expresa a las personas que viven con enfermedades raras o condiciones raras de salud como sujetos de atención de los servicios de asistencia social. Esta omisión normativa genera un vacío que limita la posibilidad de diseñar programas específicos de apoyo, acompañamiento, orientación, rehabilitación, asistencia psicológica y fortalecimiento familiar dirigidos a este sector de la población”.
Recalcó que con esta iniciativa se permitirá a las autoridades estatales y municipales desarrollar acciones orientadas a:
• Brindar orientación y acompañamiento integral a pacientes y familiares.
• Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional con el sector salud, los sistemas DIF y las organizaciones de la sociedad civil.
PONCHO CHÁVEZ RESPALDA EN TRIBUNA CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA ATENCIÓN DE LOS SISTEMAS DIF
• La propuesta, presentada por el legislador en marzo pasado, avanza con la aprobación del dictamen correspondiente.
•El dictamen establece jornadas de capacitación y actualización al menos dos veces al año.
• Busca homologar criterios de actuación para proteger de mejor manera a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.
Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- El diputado local Alfonso “Poncho” Chávez respaldó en tribuna el dictamen derivado de la iniciativa que presentó en marzo pasado para fortalecer la capacitación de los Sistemas DIF municipales, con el objetivo de mejorar la atención a niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia, abandono, negligencia, abuso u otras situaciones que comprometen su integridad.
Durante su intervención, el legislador señaló que el cuidado y la protección física y emocional de la niñez es una responsabilidad de todas y todos, y recordó que, como presidente municipal de Taretan, le tocó atender y canalizar cientos de casos relacionados con vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Chávez destacó que los Sistemas DIF suelen ser la primera, y en muchos casos la única instancia de contacto institucional para menores en situación de vulnerabilidad, por lo que su actuación debe ser oportuna, profesional y con criterios claros, evitando respuestas desiguales entre municipios.
Con la aprobación del dictamen, elaborado por la Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia, se establecerán mecanismos de capacitación y actualización al menos dos veces al año, para homologar criterios, compartir buenas prácticas y contar con protocolos actualizados aplicables tanto en la capital como en el municipio más pequeño del estado.
Finalmente, Poncho Chávez agradeció a la Comisión por la prontitud y sensibilidad con la que resolvió el tema, así como a su esposa Andrea, a quien reconoció como promotora del proyecto legislativo a partir de su experiencia en el DIF Municipal de Taretan. “Es por y para nuestra niñez. Tenemos la responsabilidad de actuar de manera correcta y oportuna para que ninguna niña, ningún niño o adolescente vea interrumpidos sus sueños por la falta de atención institucional”, concluyó.
PROPONE VICENTE GÓMEZ HOMOLOGAR REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA ASEGURAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Morelia, Michoacán; 08 de julio de 2026. Para que constitucionalmente se reconozcan los derechos a los servicios de rehabilitación y de seguridad social a las personas con discapacidad, el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, presentó una iniciativa para realizar adecuaciones a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán.
Al hacer uso de la tribuna, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) reconoció la necesidad de armonizar las leyes locales con las reformas constitucionales federales para que los programas, servicios, apoyos y mecanismos institucionales operen conforme al nuevo diseño constitucional.
El diputado de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán, reconoció los avances logrados en el reforzamiento del marco legal y la implementación de políticas públicas enfocadas al reconocimiento y acceso pleno a los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo consideró que hay más acciones por hacer para lograr su inclusión en igualdad de condiciones y oportunidades.
En ese sentido, comentó que la propuesta está encaminada a reforzar las acciones ya emprendidas y realizar las adecuaciones necesarias que para adaptar el ordenamiento estatal a las reformas del 2024, mismas que tienen un enfoque de derechos humanos que reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos y no como sujetos de asistencia.
Dijo que, de acuerdo a cifras del INEGI, en México el 4.9 por ciento de la poblacion tiene alguna discapacidad, que en Michoacán corresponden a más de 800 mil pesonas, de ahí la necesidad de seguir avanzando en su inclusión plena.
Gómez Núñez conminó a sus homólogos a sumarse a esta propuesta y continuar impulsando acciones en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad.
PROPONE JUAN ANTONIO MAGAÑA LÍMITE DE 25 AÑOS PARA PAGO DE ALIMENTOS A HIJOS
Morelia, Michoacán a 08 de julio de 2026.- El diputado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Familiar para el Estado de Michoacán, con el objetivo de establecer un límite temporal claro y razonable para la obligación alimentaria respecto de hijos mayores de dieciocho años.
«Me permito poner a la consideración de este Pleno la presente iniciativa que se sustenta, entre otras consideraciones, en los siguientes motivos.», señaló el legislador.
El diputado recordó que el derecho de alimentos constituye una institución fundamental del derecho familiar mexicano, vinculado con la supervivencia, la dignidad humana, el mínimo vital, la solidaridad familiar y el desarrollo integral de las personas. Tratándose de niñas, niños y adolescentes, la obligación alimentaria deriva directamente del artículo 4° constitucional y del principio del interés superior de la niñez, por lo que la protección es máxima y la obligación posee carácter prioritario.
Sin embargo, señaló que la situación jurídica cambia sustancialmente cuando la persona alcanza la mayoría de edad, ya que ello implica capacidad jurídica plena, autonomía personal y la posibilidad de asumir responsabilidad sobre su propia subsistencia.
En consecuencia, respecto de mayores de dieciocho años, la obligación alimentaria adquiere características distintas: ya no se parte de una presunción preexistente, sino de principios de solidaridad familiar, razonabilidad, proporcionalidad y autosuficiencia progresiva, dentro de una lógica transitoria.
El legislador explicó que la doctrina contemporánea reconoce que los alimentos para mayores de edad no poseen naturaleza perpetua ni incondicionada, sino excepcional y temporal, con la finalidad de permitir la conclusión razonable de estudios o superar situaciones justificadas de dependencia económica. En ese sentido han resuelto los tribunales federales, reconociendo la inexistencia de un derecho alimentario ilimitado para personas mayores de edad.
Magaña de la Mora señaló que actualmente el Código Familiar de Michoacán permite la subsistencia de alimentos para mayores de dieciocho años cuando continúan realizando estudios, y que recientemente esta Legislatura estableció un límite para obtener el título profesional. No obstante, no se establece un límite temporal objetivo y claro respecto de la duración razonable de la obligación, lo que ha generado incertidumbre jurídica, criterios judiciales dispares y litigios prolongados.
El diputado calificó esta situación como preocupante, pues en múltiples casos la obligación se prolonga indefinidamente aun cuando han transcurrido lapsos excesivos sin conclusión razonable de estudios, sin incorporación efectiva al mercado laboral y con dependencia económica excesiva sin justificación, en detrimento de otros acreedores alimentistas como hijos menores de edad o del propio deudor cuando ya es adulto mayor.
En ese sentido, la iniciativa propone establecer expresamente que el derecho de alimentos respecto de los hijos mayores de dieciocho años subsistirá hasta los 25 años de edad, salvo causas justificadas apreciadas judicialmente. El legislador destacó que esta reforma no elimina el derecho alimentario, sino que establece un límite razonable de temporalidad, lo que representa una regulación más clara, objetiva, proporcional y equilibrada, preservando la posibilidad de que la autoridad jurisdiccional extienda la obligación cuando exista causa justificada.
PRESENTA HUGO RANGEL INICIATIVA PARA REGULAR EL TRANSPORTE MASIVO Y POR CABLE
*La propuesta integra al marco jurídico estatal la operación del Morebús y los teleféricos, fortalece la seguridad de las personas usuarias y garantiza que la infraestructura financiada con recursos públicos permanezca como patrimonio del Estado.
Morelia, Michoacán, 08 de julio del 2026.- Con el propósito de cerrar el vacío jurídico existente en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, el diputado local Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para incorporar a la legislación la regulación de los sistemas de transporte masivo, semimasivo y por cable.
La propuesta dota de certeza jurídica a la operación del Morebús y los teleféricos mediante reglas claras para su administración, contratación, operación, mantenimiento y supervisión, atendiendo una realidad que no existía cuando la ley fue expedida en 2023.
“No podemos construir infraestructura del siglo XXI con leyes pensadas para un sistema de transporte que ya cambió. La modernización de la movilidad exige instituciones y reglas capaces de responder a esa nueva realidad”, afirmó el legislador.
Durante la presentación de la iniciativa, Hugo Rangel señaló que la reforma responde a las transformaciones urbanas que vive Michoacán y al reconocimiento de la movilidad como un derecho vinculado al derecho a la ciudad. Recordó que la legislación debe acompañar la evolución de la infraestructura pública y establecer las bases para que los nuevos sistemas de transporte operen con criterios de seguridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, la propuesta incorpora formalmente a la Ley el Sistema Integrado de Transporte, definiendo sus principios, atribuciones, mecanismos de integración operativa y tarifaria, así como las responsabilidades de las autoridades y de los operadores involucrados.
Uno de los ejes centrales de la reforma es fortalecer la seguridad operativa de estos sistemas mediante la obligación de contar con protocolos de emergencia, manuales de operación, certificaciones técnicas periódicas y personal debidamente capacitado en los centros de control y monitoreo.
Además, incorpora un régimen de sanciones para inhibir conductas que pongan en riesgo a las personas usuarias, con multas de hasta 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), suspensión de funciones para operadores negligentes y sanciones para quienes invadan carriles confinados o afecten la operación de la infraestructura. “La movilidad masiva no admite improvisaciones. La seguridad de las y los usuarios debe ser una obligación legal y no una simple buena intención”, sostuvo el legislador.
Finalmente, la propuesta establece que toda la infraestructura financiada con recursos públicos permanecerá como patrimonio del Estado, limitando la participación de particulares a esquemas de prestación de servicios y administración, sin que ello implique la privatización de los activos estratégicos. Al concluir cualquier contrato o concesión, los bienes deberán incorporarse al dominio estatal libres de gravámenes.
“No permitiremos que la modernidad sea una excusa para la depredación financiera ni para relajar la protección de la vida humana. Esta reforma blinda el interés colectivo y garantiza que el desarrollo de la movilidad permanezca al servicio de las y los michoacanos”, concluyó Hugo Rangel.
