Morelia, Michoacán.-El Congreso de Michoacán aprobó modificaciones a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con las que se amplían las medidas de protección para víctimas y se establecen nuevas disposiciones para retirar del domicilio a los presuntos agresores y asegurar armas de fuego u objetos utilizados para amenazarlas.
Las reformas, impulsadas mediante una propuesta del diputado Juan Pablo Celis Silva y dictaminadas por las comisiones unidas de Igualdad Sustantiva y de Género, y de Justicia, contemplan que la persona agresora pueda ser obligada a abandonar de inmediato el domicilio conyugal o el lugar donde habite la víctima.
De acuerdo con las modificaciones al artículo 62, el Ministerio Público deberá brindar acompañamiento durante la desocupación del inmueble y, en caso de que el presunto agresor se oponga, podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de la medida.
Asimismo, se incorporó una disposición para resguardar armas de fuego y otros objetos utilizados para amenazar o agredir a las mujeres, sus hijas, hijos o personas cercanas. También se contempla solicitar a las autoridades competentes la revocación de licencias de portación de armas, cuando corresponda.
La reforma incluye disposiciones específicas para los casos en que la persona agresora pertenezca a corporaciones policiacas, militares o de seguridad pública, tanto públicas como privadas. En estas situaciones, el aseguramiento del arma asignada deberá realizarse conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En la exposición de motivos, Celis Silva señaló que las medidas de protección deberán mantenerse de manera permanente y continua hasta que existan condiciones que garanticen la seguridad de las víctimas y sus descendientes, sin reducirlas ni eliminarlas mientras persista algún riesgo.
Con estas modificaciones, la 76 Legislatura busca fortalecer las herramientas legales de atención inmediata y protección a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, así como ampliar la intervención de las autoridades para salvaguardar su integridad.


