Morelia/Redacción
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su informe especial sobre los grupos de autodefensas en Michoacán, los cuales, dijo, evidenciaron el abandono a la población y la desesperación de la sociedad. Y alertó además que “es necesario que el Estado recobre las funciones que había abandonado”.
El “Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto”, difundido hoy, está dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al Gobierno de Michoacán, al Congreso local, a los Ayuntamientos de la entidad, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a quienes les formuló también 55 recomendaciones.
“Para esta Comisión Nacional, si bien los movimientos de autodefensa evidenciaron el abandono a la población y la desesperación de la sociedad, la CNDH considera que éstos no son una solución a los problemas de inseguridad que aquejan al país”, señaló el titular de ese organismo Luis Raúl González Pérez.
Y alertó: “Es el Estado quien debe proveer la seguridad, sobre todo cuando se trata de delincuencia organizada. Es necesario que el Estado recobre las funciones que había abandonado”.
El Ombudsman nacional precisó que durante su investigación la CNDH pudo corroborar “que los deficientes sistemas de seguridad pública estatal y municipal y de procuración de justicia estatal generaron espacios de impunidad y múltiples poblaciones dominadas por el miedo y la inseguridad”.
“El fenómeno delincuencial se vio conjugado con un acentuado abandono social, el cual precede al conflicto de los grupos de autodefensa. En Michoacán existen problemas estructurales de pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades que han generado comunidades vulnerables al abuso de la delincuencia organizada, en condiciones que hacen nugatorio el ejercicio y respeto de los derechos fundamentales de las personas”, abundó.
Enfatizó que, para evitar que estos hechos se repitan, se deben atender a la brevedad las condiciones de precariedad, exclusión y desigualdad que propiciaron que se presentara este problema. Dijo que hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de las michoacanas y michoacanos es, sin lugar a dudas, la vía más segura para evitar que situaciones como las tratadas en este Informe Especial se presenten en el futuro.
Sin embargo, González Pérez consideró que el Estado mexicano y sus instituciones no pueden ser omisos o indiferentes ante la presencia de los grupos de autodefensas.
“El deber de proporcionar seguridad a las personas, garantizar la convivencia social pacífica, hacer efectivo el acceso a la justicia y preservar en el marco del derecho el ejercicio legítimo de la fuerza, corresponde única y exclusivamente al Estado”, aseveró.
Agregó que “sólo a través de sus instituciones, los derechos fundamentales de las personas pueden ser vigentes; renunciar a ello pone en grave riesgo nuestra vida democrática, así como el respeto a la dignidad de las personas, que es sustento de nuestro orden jurídico y debe ser parámetro de actuación para todas las autoridades”.
El titular de la CNDH recalcó que el reconocimiento, respeto y vigencia de los derechos humanos sólo es posible en el marco de un Estado democrático y social de derecho, “por graves que sean las circunstancias, el Estado no puede ceder o negociar el ejercicio de las atribuciones que le son propias, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene frente a todos los gobernados”, enfatizó.
Por otra parte, el organismo percibió que en un principio el objetivo de los grupos de autodefensa era proteger a la población; sin embargo, alerta, que con el paso del tiempo algunos grupos permitieron el ingreso de miembros de la delincuencia organizada que aprovecharon la causa de la autodefensa para fines ilícitos.
“Por ello las autoridades ministeriales deben indagar el origen de las armas y el financiamiento de los grupos de autodefensa, al igual que los señalamientos sobre su pertenencia a grupos de la delincuencia organizada”, indica el documento.
“Esta Comisión Nacional reconoce que el movimiento de las autodefensas en Michoacán ha encontrado cauces tendentes a su desarme, legalización y reintegración, sin embargo hay pendientes en materias de justicia, verdad y reparación para recobrar plenamente la seguridad en la entidad”, agrega.
En este contexto, dijo que si bien el Gobierno federal y el Gobierno estatal han asumido acciones para la recuperación del Estado de Derecho y la promoción del desarrollo, las causas que dieron origen a este conflicto deben atenderse con mayor intensidad, como la falta de oportunidades y desarrollo, en especial en las zonas rurales; la ausencia de métodos de control y supervisión de las autoridades municipales y estatales por parte de las autoridades competentes, así como una reestructuración y depuración del aparato de procuración y administración de justicia.
Fuente: Sin Embargo
