Morelia/Redacción
El pasado cinco de febrero, se denunció el levantamiento de cinco policías comunitarios en la localidad de San Pedro Naranjestil, al lado del municipio de Aquila, en Michoacán; presuntamente levantados por miembros de la Marina, quienes entregaron a los guardias a miembros del cartel, “Los Caballeros Templarios”.
Fue aproximadamente a las 3:30 am cuando supuestos miembros de la Marina levantaron a los cinco policías, quienes hacían guardia en un retén en el punto de Tizupan. Fue entonces cuando otro guardia dio el pitazo a la comunidad.
Los pobladores aseguran que fueron miembros de la Marina, a quienes reconocieron por su comportamiento, transporte y uniforme, además, de acuerdo con las declaraciones, existía el pacto de no disparar contra los elementos de seguridad del Gobierno, por respeto y un mutuo acuerdo de paz entre comunidad-Estado.
Ante estas las declaraciones de pobladores contra los marinos involucrados, la Secretaría de Marina mediante un comunicado, negó su participación en dicho levantamiento, puesto que no se estaba realizando ningún operativo en la zona, ni se tuvo registro de algún inconveniente:
“La Secretaría de Marina-Armada de México niega categóricamente la información que ha estado circulando desde ayer en redes sociales y algunos medios de comunicación locales del Estado de Michoacán, sobre el supuesto secuestro de policías comunitarios en el municipio de Aquila, Michoacán, por parte de elementos de esta institución (…) SEMAR trabaja de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, sin embargo, en estos últimos días no ha realizado operaciones en la zona mencionada”.
Por su parte, a temprana hora de la mañana del domingo, los pobladores lanzaron un comunicado que rápidamente se expandió por redes sociales y medios de comunicación, avisando sobre las circunstancias principales del levantamiento y las acciones a tomar:
“Compañeros de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula nos informan que en la madrugada de este 5 de febrero cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil fueron levantados, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Marina, quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.
Señalan que les están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a los secuestrados y que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera. Los criminales amenazaron con ejecutar a los comunitarios de no obtener una respuesta afirmativa a sus exigencias.
La comunidad de Ostula acaba de decidir en asamblea, bloquear la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa – Sierra de Michoacán como acción urgente para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación de los policías comunitarios.
Resulta alarmante que nuevamente se acuse una colusión entre los cuerpos castrenses del Estado (en este caso la Marina) y el crimen organizado, para hostigar y amenazar gravemente a las comunidades en resistencia.”
Se sabe, además, que los miembros secuestrados no fueron escogidos al azar, pues los “marinos” sabían perfectamente a quién buscaban y dónde estarían. Responden al nombre de Eleno Valencia Zambrano, Saúl Fabián Meraz Martínez, Abigail Farías Fernández, Crispín Enrique Francisco de Aquino y Francisco Carreón Valencia, personas que ocupaban el puesto de control de vigilancia, “eran gente con la confianza del pueblo”, declaró un habitante.
A horas del secuestro, el procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy, declaró no haber recibido ninguna denuncia por secuestro, a pesar que en medios de comunicación se difundía el comunicado y la carretera federal se encontraba bloqueada. La denuncia se impuso directamente contra la Marina en la Procuraduría Estatal y la Comisión Local de Derechos Humanos en Michoacán.
El impacto llegó a la presidencia.
Tan duro fue el impacto, que Organizaciones de Derechos Humanos lanzaron una “Acción urgente” hacia el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, y a otros organismos internacionales, exigiendo la atención del gobierno a la preocupante situación y resaltando, lo grave de una coalición entre la Marina y el narcotráfico.
A las cinco de la mañana del mismo domingo, dos horas después del levantamiento, el grupo criminal se contactó con el comandante Germán Ramírez, director de Seguridad Pública en el municipio, donde se dieron a conocer las exigencias del cartel: Libre tránsito por el sitio donde se ubicaba el retén, en Tizupan, la entrega de 21 rifles de alto calibre que poseía la policía comunitaria, así como dos personas para establecer las negociaciones. Fue a través de esta primera llamada que se corroboró la seguridad de los secuestrados.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Juan Bernardo Corona, ordenó “se peinara” la zona en búsqueda de los desaparecidos, además de unir fuerzas entre la Sedena (Secretaría de la defensa Nacional) y Semar (Secretaría de Marina) con los policías comunales y autodefensas, aunque sin éxito.
Más tarde, comuneros de Santa María Ostula dieron otro comunicado difundido en Facebook, donde denuncian: «La comunidad indígena nahua reitera que en varias ocasiones ha denunciado la actuación criminal de varias personas que pertenecen a células remanentes de los Caballeros Templarios, grupo criminal que tuvo que abandonar el territorio de la sierra-costa michoacana a partir de febrero de 2014, debido a la presencia de autodefensas, policías comunitarias y guardias comunales».
El 6 de febrero, sin embargo, alrededor de las 16:00 hrs, se recibió una nueva llamada, de donde se rescatan las declaraciones de uno de los policías “estamos bien, esperamos que pronto nos liberen”.
El procurador del estado, José Martín Godoy, reconoció el secuestro y aseguró que seguían con vida, durante su conferencia donde respondió las preguntas ante su informe de trabajo, el día 07 de febrero; declaró que los policías fueron detenidos por realizar labores de vigilancia “en una zona en la que otras personas no quieren que se realice (…) Todo indica que no es un secuestro por recurso económico, sino de una inconformidad que se está generando porque los elementos vigilan y hay gente que no está de acuerdo en que se haga en alguna zona geográfica de la Sierra-Costa”.
Asimismo, mediante una carta dirigida “A los pueblos de México y el mundo, Al Congreso Nacional Indígena Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional A los medios libres, A los medios de comunicación, nacionales e internacionales “, el martes siete de febrero, la comunidad de Santa María Ostula, entre otras cosas, lanzó su petición y advertencias al gobierno:
“Desde ahora advertimos que nuestras acciones irán escalando si no se da respuesta satisfactoria a nuestras demandas de justicia, por ello llamamos a los pueblos, organizaciones y personas honestas de Michoacán, de México y del mundo entero para que apoyen nuestra causa de paz y justicia resumida en las siguientes exigencias:
- Libertad inmediata a los 5 comunitarios secuestrados por la marina y el crimen organziado.
- Cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de integrantes de nuestra guardia comunal y de los otros grupos de policías comunitarios de la región sierra-costa.
- Desmilitarización de la región de la costa-sierra de michoacán, el castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policiacas que asesinaron al niño hidelberto reyes garcía, hirieron y golpearon a diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de ostula, así como la reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad de ostula y la devolución de los siguientes artículos: cuatro radios de comunicación, el sello e identificaciones del consejo de vigilancia, una pistola con registro y cuatro juegos de llaves.
- Aprehensión de los jefes del cartel templario en la región, federico gonzalez medina, alias “lico”, y mario alvarez lópez, alias “el chacal”, y desarticulación verdadera de dicho cartel y de su estructura política y económica.
- El respeto y otorgamiento de garantías para la libertad de los integrantes y el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de aquila, coahuayana, chinicuila y coalcomán.
- Presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 34 comuneros pertenecientes la comunidad de ostula a lo largo de los últimos cuatro años.
- Alto a la desinformación y la creación de grupos de choque en el pueblo nahua.”
Cerrando la carta con la cita “Nosotros luchamos por la vida y por la paz, no luchamos por el poder y menos por la muerte. Nunca más un México sin nosotros”.
