Morelia, Mich. | Redacción/Acueducto.- Al menos 668 personas fueron desplazadas de cinco comunidades en Apatzingán tras enfrentamientos derivados de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, de acuerdo con un aviso emitido el 5 de mayo por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán.
El documento precisa que el desplazamiento inició en la madrugada y se extendió durante el día, luego de enfrentamientos registrados en la intersección conocida como “Crucero de Cueramato”.
Las comunidades afectadas son Cueramato con 168 habitantes; Guanajuatillo con 123, Holanda con 314; El Mezquital con 58 y Los Laureles con 5, lo que suma un total de 668 personas con base en cifras del INEGI 2020.
El reporte indica que el fenómeno tiene antecedentes desde diciembre de 2020, con eventos de desplazamiento forzado que han ocurrido de manera intermitente en la región.
Se detalla que el aviso fue recibido a las 11:02 horas y confirmado a las 12:59 horas, lo que permitió establecer un primer diagnóstico del evento.
Asimismo, se señala que la reactivación de la violencia coincide con el retiro de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), en Acatlán el 4 de mayo, previo a los enfrentamientos.
El Aviso Oportuno subraya que “no se conoce actualmente la cantidad de personas desplazadas internas con necesidades de atención, ni su localización”, lo que impide dimensionar las condiciones en las que se encuentran.
También se menciona que otras localidades como Acatlán, Cueramatillo, La Damiana, Los Tules y El Lindero podrían estar afectadas, aunque el número total de comunidades permanece como preliminar.
El documento solicita la activación de mecanismos institucionales de respuesta, entre ellos la elaboración de un diagnóstico situacional y la implementación de medidas de atención inmediata.
Además, plantea la necesidad de diseñar un plan de contingencia con participación de autoridades municipales, estatales y federales para atender a la población desplazada.
Finalmente, se establece la urgencia de garantizar asistencia humanitaria y la restitución de derechos de las personas afectadas, conforme a la normativa vigente en el municipio.
