*El dilema de extinguir la policía municipal. Entre la infiltración delictiva flagrante y los candados del artículo 115 federal, la propuesta del Ejecutivo estatal de centralizar la fuerza tiene dejos de ocurrencia o de un innecesario distractor de ese calibre…
El colapso del orden local
De alguna manera, aunque suene exagerado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encendió las alarmas nacionales al proponer la desaparición total de las policías municipales en todo el territorio mexicano, bajo el argumento de que estas fuerzas de proximidad han sido completamente rebasadas, corrompidas y asimiladas por las estructuras financieras y operativas del narcotráfico regional.
Sin duda, esta propuesta busca centralizar la seguridad pública directamente en la Guardia Nacional, transformándola en una gran corporación de carácter nacional y eliminando los mandos civiles en los ayuntamientos. Y es que la, digamos, la iniciativa bedollista ha reactivado un debate histórico sobre el federalismo, la autonomía municipal y la efectividad real de las corporaciones locales de vigilancia.
La gota que derramó el vaso
La drástica postura del ejecutivo estatal cobró fuerza tras la captura de Raúl «N» y Jorge Antonio «N», quienes se desempeñaban como director y subdirector de la Policía Municipal del ayuntamiento de Zacapu. Las investigaciones de las fiscalías los vinculan formalmente como operadores logísticos en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A estos mandos policiales se les acusa penalmente de complicidad directa en una emboscada ocurrida en la Meseta Purépecha, en donde cinco agentes estatales, de la denominada Guardia Civil, perdieron la vida de forma violenta. Ese ataque evidenció que los enemigos de la paz contaban con información privilegiada provista desde el interior de las propias comandancias.
El rastro de la traición institucional
Si, el caso de Zacapu no representa un hecho aislado, sino la confirmación de un patrón de infiltración criminal que afecta a múltiples demarcaciones michoacanas. Hay que recordar que, en el municipio michoacano de Coeneo, las fuerzas federales detuvieron a la directora local de Seguridad Pública, Celia Vargas Torres, junto a ocho oficiales de su corporación.
Al momento de su intercepción en patrullas oficiales, los servidores públicos portaban dosis de metanfetamina y gorras con insignias explícitas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los agentes utilizaban el equipamiento provisto por el Estado para resguardar las operaciones ilícitas del grupo criminal que azota la región occidental del territorio michoacano.
El espionaje desde las patrullas
Otro caso más: unas semanas antes, en el municipio de Ecuandureo, un operativo de la Guardia Civil desarmó y arrestó a once policías municipales, incluyendo a su director, Jorge Andrés «N». Los oficiales policiacos circulaban en vehículos institucionales con los rostros cubiertos y sin las insignias que exige la normativa de seguridad.
Tras confiscar sus teléfonos celulares, el Ministerio Público descubrió grupos de comunicación activa donde los policías informaban detalladamente los movimientos de integrantes del Ejército Mexicano mediante claves internas. Adicionalmente, se constató que la mayoría de estos agentes eran originarios de Jalisco, reclutados estratégicamente por el crimen.
Sospechas en el corazón de Uruapan
La sombra de la colusión también alcanzó a la cúpula política del municipio de Uruapan tras el asesinato de su alcalde, Carlos Manzo Rodríguez. Ahí, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ordenó el arresto inmediato de los escoltas y policías asignados locales formalmente a la seguridad del edil.
Las líneas de investigación penal apuntan a que el cuerpo de protección civil saboteó deliberadamente los protocolos de seguridad o entregó información logística a los victimarios. Este suceso consolidó la tesis del gobernador michoacano respecto a que los alcaldes se encuentran en un estado absoluto de indefensión.
Un estado bajo sospecha sistemática
Los operativos de saneamiento institucional se han extendido a más de veinte municipios michoacanos que hoy enfrentan indagatorias formales por delincuencia organizada. En la localidad de Zinapécuaro, la fiscalía estatal detuvo y vinculó a proceso a ocho elementos policiacos que operaban bajo subordinación directa del narco.
Por su parte, en Tarímbaro, diversos agentes preventivos fueron puestos a disposición judicial bajo la sospecha de cooperar en emboscadas contra patrullas de la Guardia Civil. Las redes de complicidad regional han transformado a las policías preventivas en extensiones armadas y logísticas de las células delictivas.
El colapso del control de confianza
Más allá de las capturas criminales, la crisis administrativa de las corporaciones locales se refleja en las evaluaciones obligatorias del Centro Estatal de Certificación. El Secretariado Ejecutivo confirmó la baja definitiva de 340 policías municipales en Michoacán por reprobar concluyentemente los exámenes de control de confianza.
Los motivos de reprobación abarcan el consumo activo de estupefacientes, falsificación de documentos oficiales, ocultamiento de patrimonio financiero y dar positivo en la prueba del polígrafo. La presencia de oficiales reprobados y armados en las calles dinamitó cualquier posibilidad de confianza por parte de la ciudadanía.
El vacío de poder en los municipios
La desconfianza institucional ha provocado que al menos cinco municipios del estado se queden completamente desprovistos de una fuerza de seguridad de carácter local. En Buenavista, un aproximado de 67 policías municipales dejaron de laborar en su totalidad debido a las investigaciones por nexos delictivos.
Situaciones similares de disolución y desarme masivo ocurrieron en los ayuntamientos de Churumuco, Tumbiscatío, Huiramba y Lagunillas, donde no existen oficiales locales validados. El vacío operativo obligó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Federación a asumir la vigilancia absoluta de estas regiones.
El Mando Único como analgésico
Para intentar frenar la descomposición, el Gobierno de Michoacán coordina formalmente la designación de los directores de seguridad en 61 municipios mediante el Mando Policial Coordinado. Bajo este esquema legal, el gobernador nombra directamente a perfiles acreditados y externos para dirigir las policías de los ayuntamientos.
Esta medida busca blindar la línea de mando superior frente a las amenazas de «plata o plomo» que los cárteles ejercen sobre los alcaldes. Sin embargo, este mecanismo ha demostrado ser una herramienta de contención política que no soluciona la vulnerabilidad de la tropa policial local y en algunos casos los responsables policiacos han sido rebasados.
Una solución que no es infalible
La designación estatal de directores de policía locales no representa una garantía de honestidad absoluta, pues las estructuras superiores también padecen de corrupción interna. Los propios jefes policiales enviados por el estado a Zacapu, Coeneo y Ecuandureo terminaron encarcelados por traicionar la confianza de las instituciones.
Aunado a esto, los directores externos suelen carecer de arraigo local, desconociendo la geografía delictiva y las dinámicas sociales de las comunidades que pretenden proteger. La alta rotación de estos mandos impide la consolidación de planes preventivos y comunitarios a mediano y largo plazo.
La resistencia armada de Tierra Caliente
En las regiones de la Tierra Caliente, municipios históricos como Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla han manifestado un rechazo tajante a recibir directores impuestos por el estado. Esta oposición responde a dinámicas complejas de control territorial y a la desconfianza arraigada hacia las fuerzas policiales del centro.
Los informes de inteligencia militar señalan que este rechazo muchas veces es forzado por los líderes criminales que operan en la clandestinidad. Los cárteles prohíben explícitamente a los presidentes municipales firmar convenios estatales para no perder el control de las rutas carreteras y el espionaje local.
La crisis de la propia fuerza estatal
Quienes se oponen a la centralización argumentan que el Gobierno de Michoacán carece de la solvencia institucional para absorber la seguridad de los municipios. La propia corporación élite del estado, la Guardia Civil, enfrenta severas investigaciones internas que han derivado en el cese de múltiples agentes policiacos.
En Morelia, decenas de efectivos estatales fueron separados de sus cargos tras comprobarse su participación en redes de extorsión a ciudadanos y abusos de autoridad. Los críticos señalan la contradicción de disolver las policías municipales cuando la propia fuerza estatal requiere una depuración urgente y profunda.
Los muros legales del centralismo
Desde una perspectiva jurídica, la propuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla enfrenta obstáculos constitucionales prácticamente insalvables en el corto plazo. El Artículo 115 de la Constitución Federal consagra expresamente la autonomía municipal y otorga a los ayuntamientos la facultad de prestar el servicio de seguridad.
Para extinguir estas corporaciones, el Congreso de la Unión tendría que aprobar una reforma constitucional de gran calado mediante una mayoría calificada de legisladores. Posteriormente, dicha modificación federal debería ser ratificada por la mitad más uno de los congresos locales de las entidades federativas.
El freno de los tiempos políticos
La viabilidad de esta reforma legislativa se diluye por completo al analizar el actual panorama de cara a las próximas elecciones de 2027 en Michoacán. En dicho proceso electoral se renovará la gubernatura del estado, las diputaciones locales y la totalidad de los 113 ayuntamientos de la entidad.
Decretar la desaparición de las policías municipales generaría un costo político devastador para la coalición oficialista conformada por Morena, el PVEM y el PT. Los despidos masivos de agentes provocarían protestas sociales, mientras que los candidatos a alcaldes de su propio bloque rechazarían perder sus presupuestos.
Las alternativas viables sobre la mesa
Frente a la propuesta de la disolución total, especialistas en seguridad pública plantean la implementación de un Modelo de Intervención Subsidiaria o Mando Mixto. Este esquema propone conservar las policías municipales que demuestren eficiencia y certificar individualmente a los elementos, interviniendo únicamente los focos rojos del estado.
Otra alternativa radica en la dignificación laboral de la tropa mediante la creación de un Salario Único Nacional y seguros de vida permanentes. El fortalecimiento institucional postula que mejorar las condiciones económicas y operativas de los policías locales disminuye drásticamente su vulnerabilidad frente a los sobornos.
El escudo de los usos y costumbres
Michoacán posee una alternativa de seguridad comunitaria que ha demostrado ser el escudo más efectivo contra la infiltración del narcotráfico organizado. Municipios con autogobierno indígena, como el caso de Cherán, sustituyeron la policía municipal tradicional por la Kuaricha o Ronda Comunitaria.
Los integrantes de estas rondas son elegidos directamente por las asambleas de vecinos de la comunidad bajo criterios estrictos de honorabilidad social. Al ser personas conocidas por el pueblo y vigiladas por sus familias, el tejido social impide el ingreso de agentes delictivos externos.
Lo increíble: La Operación Enjambre
La alternativa más contundente a la desaparición de las policías no requiere reformas de ley, sino la aplicación de la «Operación Enjambre». Esta estrategia federal, comandada por la Secretaría de Seguridad, consiste en investigaciones secretas de inteligencia para detener simultáneamente a funcionarios y policías corruptos.
Este operativo ya ha descabezado administraciones coludidas en el Estado de México, Morelos y Jalisco, logrando capturar a decenas de servidores públicos vinculados al narco. La Fiscalía de Michoacán no descarta replicar esta acción quirúrgica, la cual sanea las instituciones sin vulnerar la soberanía del municipio.
El destino de la seguridad michoacana
La desaparición de las policías municipales en Michoacán permanece como un posicionamiento político de gran impacto mediático que difícilmente se convertirá en ley. La complejidad de modificar la constitución federal y los riesgos electorales congelan la iniciativa en los escritorios del Congreso Local.
El futuro inmediato de la entidad parece inclinarse hacia los operativos de choque federal y el uso de inteligencia quirúrgica para detener mandos criminales. Mientras tanto, los ciudadanos de Michoacán continúan esperando una estrategia integral que limpie las instituciones de arriba hacia abajo y devuelva la paz.
Para comprender el rumbo que tomará esta crisis institucional en la entidad, resulta fundamental esclarecer los siguientes aspectos del debate:
• ¿Cómo planea el gobierno estatal financiar las liquidaciones laborales de los policías municipales si se aprueba su disolución?
• ¿Qué mecanismos de auditoría patrimonial se implementarán para garantizar que los nuevos mandos de la Guardia Nacional no sean corrompidos?
• ¿Están los municipios de la Tierra Caliente dispuestos a transitar hacia esquemas de autogobierno indígena para protegerse del crimen?
CANTERA
Pese a todo y hasta el momento, en las próximas elecciones locales en el estado, si bien Morena tiene grandes posibilidades de retener el Gobierno de Michoacán, no se puede establecer lo mismo en el caso particular de la capital de la entidad, porque, como el dicho popular: La soberbia precede a la caída.
CANTERITA
Toc, toc… Si, literal, el Jalo Futbolero está en su muerte terminal; faltan escasos días y no tan escasas horas, para darle un lastimoso adiós…
GOTEO
Más allá de la polémica, porqué nos extrañaría que el ex senador Antonio García Conejo fuera el candidato a gobernador de Michoacán del nuevo partido político: Somos México.
