“La seguridad y la paz son frutos de la justicia; no se tratade llenar el estado de soldados, sino de justicia, verdad y esperanza”: Claudia Sheinbaum Pardo, presidente de la República, al presentar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en Palacio Nacional, en noviembre del 2025.
EDITORIAL
Sin duda, a más de medio de que se anunciara con bombos y platillos el pomposo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la estrategia conjunta entre la federación y el estado empieza a transitar por el peligroso terreno del desgaste político y de la inercia burocrática institucional.
Si bien es de justicia reconocer la millonaria inversión económica en infraestructura que se dispersa por diversas regiones de la entidad, así como la contención estadística en los homicidios dolosos, estos logros palidecen ante un escepticismo ciudadano alimentado por décadas de promesas rotas.
Sin embargo, la centralización de las decisiones y el paulatino enfriamiento en el seguimiento al más alto nivel federal han dejado una evidente sensación de vacío en los municipios, en donde las policías locales siguen desamparadas frente al embate cotidiano del crimen organizado que no da tregua.
El gran pendiente, el elefante en la habitación que las autoridades parecen ignorar deliberadamente, radica en el desmantelamiento de las redes de extorsión agrícola y la protección política local, motores económicos que sostienen el verdadero control territorial de la delincuencia organizada.
Cierto, el Plan Michoacán no ha muerto ni se ha cancelado formalmente, pero la terca realidad a nivel de suelo demuestra que la pacificación profunda no se alcanza con discursos quincenales, obras carreteras presupuestadas o programas sociales, sino arrebatándole el poder fáctico al crimen.
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