Morelia/Samuel Ponce Morales
Desde el pasado 10 de agosto empresarios vienen tocando a la puerta de Los Pinos pidiendo auxilio ante la crisis que atraviesa Michoacán ante el conflicto normalista, traducido en cierre de carreteras, secuestro y quema de vehículos.
Primero firmaron una carta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, pidiéndole incluso el cierre de las ocho normales que operan en la entidad.
«Sabemos que hay grupos guerrilleros adentro, que (a los alumnos) los están preparando; sabemos que el primer año es enseñarles tácticas de guerrilla», acusó el pasado 8 de agosto Arcadio Méndez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado.
«Realmente nunca estudian, por eso el miedo a presentar un examen porque nunca lo van a pasar», evidenció.
Según Méndez, tan sólo de junio a la fecha han sido retenidos cerca de 200 vehículos de diferentes giros comerciales a manos de normalistas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Entre esos vehículos destacan cerca de 40 autobuses de diferentes empresas, cuyas pérdidas por dejar de circular superan los 230 millones de pesos.
La petición de cerrar las normales fue llevada por un particular a la plataforma changue.org, donde en la primera semana recabó mil 503 firmas de apoyo.
«Los terroristas de las escuelas normales han aislado a los michoacanos con amenazas de quemas de vehículos particulares y públicos”, fundamenta dicha iniciativa.
Expone que desde hace muchos años, las normales de Michoacán han abandonado su misión de formar profesionales de la educación.
“En su lugar, se han convertido en semilleros de delincuentes que, amparados en supuestas luchas sociales, se dedican a delinquir y atacar la propiedad privada y a cometer vandalismo y terrorismo en contra de la tranquilidad de los mexicanos”, acotó Aníbal Saucedo en su petición.
El pasado 10 de octubre, dos meses después de aquella carta sin respuesta enviada a Peña Nieto, los empresarios decidieron publicar un desplegado en medios nacionales.
En el documento advirtieron que los bloqueos, el secuestro y quema de vehículos en carreteras están poniendo en riesgo la gobernabilidad de la entidad.
“Queremos externar al Gobierno federal y al Gobierno estatal nuestra total inconformidad por la delicada situación que se está viviendo en Michoacán, la cual está poniendo en riesgo la gobernabilidad, está vulnerando el Estado de Derecho y tiene como rehenes a diferentes sectores de la sociedad”, argumentó en el texto que fue firmado por más de 50 organismos empresariales y de la sociedad civil.
En el documento señalaron que quienes trabajan, producen y contribuyen puntualmente con sus impuestos, se encuentran en un estado de fragilidad e indefensión ante dichas acciones.
“Nos llama poderosamente la atención la forma tan violenta e insensata en que actúan la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el movimiento normalista, quienes han realizado bloqueos de las vías de comunicación, secuestro y quema de autotransportes; actos vandálicos en establecimientos comerciales y la toma de instituciones financieras.
“La cínica impunidad con la que a estos grupos se les ha permitido conducirse, resulta intolerante y perjudicial para la gobernanza estatal”, recriminaron.
El pronunciamiento está dirigido al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Gobernador Silvano Aureoles.
La misiva fue encabezada por la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), pero avalada también por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado, el Consejo de Hombres de Negocios, la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automóviles, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y otros.
En el texto, le recuerdan a Peña haberle pedido por escrito una cita desde el pasado 10 de agosto para exponerle la problemática, sin que a la fecha hayan tenido respuesta.
Lamentaron que el magisterio disidente y los normalistas hayan causado también otros daños colaterales, como la afectación de clases en escuelas del nivel básico que controla la CNTE.
Según los empresarios, tan sólo entre 2010 y 2016 las suspensiones laborales han provocado la pérdida de 297 días de clases en la entidad.
El documento fue respaldado también por la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, la cual ha padecido la retención de más de 40 autobuses a manos de normalistas en lo que va del año y la quema de nueve unidades.
Esa situación llevó a las líneas de autobuses, el pasado 30 de septiembre, a decretar una suspensión de todas sus corridas, de y hacia Michoacán, para exigir garantías y seguridad en las carreteras.
El paro duró 33 horas y fue restablecido tras un compromiso de las autoridades estatales para reforzar la seguridad en caminos y buscar esquemas de apoyo por los daños a las unidades.
Advirtieron que estos ataques, donde normalistas exigen plazas automáticas y los maestros la derogación de la reforma educativa, inhiben la inversión y arriesgan la permanencia de empresas ya establecidas.
