Morelia, Mich. | Acueductoonline.- En los primeros minutos de este día, la mayoría de magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron la validez de la elección a gobernador a favor del morenistra Alfredo Ramírez Bedolla, quien podrá tomar posesión este primero de octubre.
Si bien en la sesión plenaria del órgano electoral federal jurisdiccional se reconoció que hubo violencia electoral el día de los comicios, el pasado 6 de junio, pero que esta no fue generalizada en el territorio michoacano tal como se planteó en la queja de la alianza PRI, PAN y PRD en contra de la coalición MORENA-PT.
Además, se puntualizó que dicha violencia, derivada en parte de civiles armados, se suscitó en solo cuatro de los ciento trece municipios existentes en la entidad que son Múgica, Nuevo Urecho, La Huacana y Gabriel Zamora, situación en que se establece desestimó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).
Ante ello, por la presencia de integrantes del crimen organizado, quienes intimidaron a los votantes a emitir su sufragio a dterminado candidato a gobernador, en particular a favor del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, se determinó anular la votación en las cuatro demarcaciones mencionadas.
También, la mayoría citada de la Sala Superior del TEPJF deshechó el peso de otras presuntas irregularidades, que van desde el embarazo de urnas hasta la coacción del sufragio a integrantes de organizaciones sindicales, al carecer de pruebas y de narrativa convicente, tal como se detalló en el proyecto base del caso.
Por igual, se consideró en la plenaria que en ninguna de las seis mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, aludidas por lo quejosos, tuvieron impacto en las preferencias electorales, toda vez que en cuatro de ellas fueron en sobre hechos ajenos y en dos de ellas si hubo propaganda gubernamental no determinante.
En la mesa se habló de la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) adopte medidas para evitar la incidencia de grupos armados sobre funcionarios electorales, representantes partidistas y ciudadanos, entre ellas atraer elecciones estatales y locales que se vean en riesgos por la delincuencia en cualquiera de su expresión y más que nada blindar los comicios.
