Senado aprueba reforma para fortalecer seguridad pública

Este miércoles, el Senado aprobó la reforma al artículo 21 de la Constitución, la cual amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), permitiéndole colaborar en la investigación de delitos junto con el Ministerio Público y la Guardia Naciona

(Foto | Especial)
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Ciudad de México | Acueducto Noticias.- Este miércoles, el Senado aprobó la reforma al artículo 21 de la Constitución, la cual amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), permitiéndole colaborar en la investigación de delitos junto con el Ministerio Público y la Guardia Nacional. El proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.

La reforma establece que la SSPC podrá coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tendrá la responsabilidad de coordinar el sistema nacional de inteligencia en seguridad, facilitando la colaboración entre los tres niveles de gobierno para compartir información en materia de seguridad. Además, la SSPC podrá solicitar datos a instituciones y dependencias del Estado con el objetivo de identificar y esclarecer hechos delictivos.

Asimismo, se creará un Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de establecer normas y directrices para homologar los estándares de seguridad en las distintas instancias de gobierno.

Durante la sesión, el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, defendió la reforma como un paso necesario para fortalecer las herramientas jurídicas de las instituciones de seguridad pública, aunque insistió en la necesidad de reforzar las fiscalías, ministerios públicos, y servicios periciales. Francisco Javier Ramírez Acuña, del PAN, resaltó que esta medida es un ajuste urgente ante la situación de violencia en el país, y Rolando Zapata, del PRI, subrayó que la lucha contra la inseguridad debe mantenerse al margen de intereses políticos.

La reforma responde al creciente clima de inseguridad en México y busca fortalecer la cooperación institucional y la eficacia en la investigación de delitos, una iniciativa que espera ahora la aprobación de la Cámara de Diputados para su promulgación final.