Morelia, Mich. | Acueducto Noticias.- En respuesta al creciente problema de extorsiones en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó una propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad que plantea considerar la extorsión como un delito grave.
La iniciativa busca impedir la liberación fácil de los delincuentes y endurecer las sanciones para combatir esta práctica delictiva. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, respaldó la propuesta y destacó que durante enero de 2024 se registró un aumento del 7.7% en la comisión de extorsiones en comparación con el mismo mes del año anterior, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Rodríguez Velázquez explicó que la propuesta abarca diversas modalidades de extorsión, como el engaño telefónico, amenazas, montachoques, montadeudas, exigencia bancaria, cobro de piso y monopolios en la distribución de productos. Se busca modificar la Constitución y la Ley contra la Delincuencia Organizada para incluir específicamente el delito de extorsión, permitiendo así desmantelar y llevar a juicio a grupos delictivos que participan en estas actividades ilícitas.
Además de sancionar las modalidades tradicionales de extorsión, la propuesta contempla castigar el engaño telefónico y ofertas fraudulentas relacionadas con el delito. Se prevé unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas.
La aprobación de esta reforma constitucional, de acuerdo con Rodríguez Velázquez, implicaría un aumento en las penas para aquellos que cometan el delito de extorsión. La medida busca no solo combatir el incremento de estas prácticas delictivas sino también fortalecer el marco legal para enfrentar a los responsables y garantizar la seguridad ciudadana.
Paralelamente, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, informó sobre otra propuesta relacionada con la Guardia Nacional. Esta propuesta busca integrar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, caracterizándola por tener fuerza militar con formación policial especializada en seguridad pública.
