Morelia, Mich. | Acueducto OnlineEl cónsul general de México en Atlanta, Javier Díaz de León, y organizaciones a favor de los inmigrantes denunciaron este lunes la nueva ley migratoria de Georgia, que consideran se presta para abusos y tiene en incertidumbre a la comunidad hispana.
Esta comunidad de Georgia se mantiene a la expectativa tras la entrada en vigor de la HB 1105, impulsada por los republicanos tras el asesinato de una joven universitaria presuntamente a manos de un venezolano indocumentado.
El cónsul general de México en Atlanta, Javier Díaz de León, y organizaciones a favor de los inmigrantes denunciaron este lunes la nueva ley migratoria de Georgia, que consideran se presta para abusos y tiene en incertidumbre a la comunidad hispana.
Esta comunidad de Georgia se mantiene a la expectativa tras la entrada en vigor de la HB 1105, impulsada por los republicanos tras el asesinato de una joven universitaria presuntamente a manos de un venezolano indocumentado.
“También puede detonar un ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad entre la comunidad mexicana en Estados Unidos”, afirmó Díaz de León en un mensaje transmitido en las redes sociales.
Aunque la medida entró en vigencia el pasado 1 de mayo, el mismo día en que fue promulgada por el gobernador Brian Kemp, según indicó a EFE este lunes la Oficina del mandatario estatal, varios medios se hicieron eco de que se hizo efectiva este lunes 1 de julio, como tradicionalmente ocurre con la mayor parte de las nuevas legislaciones.
La noticia generó preocupación en la comunidad hispana pues activistas temen que esta nueva ley conlleve a un aumento de la discriminación racial y de los ataques contra las personas de color.
La HB 1105 exige a los departamentos de policía y alguaciles que verifiquen el estatus migratorio de los detenidos y que notifiquen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) si están indocumentados, y que además soliciten su participación en polémico convenio federal 287(g), que establece un acuerdo de colaboración con esta agencia federal.
De incumplir las disposiciones, las agencias locales podrían perder fondos estatales y sus oficiales enfrentar cargos.
La medida cobró fuerza y se convirtió en la prioridad del gobernador y los legisladores republicanos tras la muerte de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años.
