Piden a ONU vea violaciones de Estado Mexicano

Morelia/Redacción

Luego de dos días de trabajo en la Audiencia realizada en Santa Fe de la Laguna, Quiroga, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, donde se recibieron las quejas de violaciones de derechos humanos en México, así como de violencia política, el Tribunal emitió una serie de recomendaciones.

En su resolutivo el TTP condenó al Estado Mexicano por las violaciones a los derechos humanos cometidas “incluso mediante conductas delictivas por agentes o funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial” desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto.

La condena al Estado Mexicano es por su participación “directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en los siguientes: asesinato; exterminio; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; violación y abusos sexuales; persecución de grupos o colectividades con identidad propia fundada en motivos políticos y étnicos, desaparición forzada de personas y ataques contra los defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales”.

A continuación las recomendaciones emitidas por el Tribunal Permanente de los Pueblos:

Al Estado Mexicano:

1. Al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que examine el Informe que presenta a ese organismo el Estado Mexicano y tome nota para el examen de las violaciones verificadas en esta Audiencia.
2. Al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que al examinar los informes que le presente el Estado Mexicano dé seguimiento a las conductas constitutivas de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes que ha verificado este Tribunal.
3. Comité sobre desaparición forzada de personas, que al examinar los informes correspondientes que le presente el Estado Mexicano tenga en cuenta las verificaciones que en materia de desapariciones ha efectuado este Tribunal. Igualmente se recomienda al Comité que incluya dentro de las observaciones finales al examen como motivo de preocupación la reserva presentada por el Estado Mexicano sobre el Art.31 de la Convención sobre Desaparición Forzada, e igualmente en las recomendaciones que formule inste al Gobierno Mexicano a retirar tal reserva.
4. Al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tome nota de las violaciones a los DESCA que ha identificado el Tribunal y solicite información al Gobierno Mexicano sobre las garantías tanto legales como judiciales, en particular a los derechos de asociación sindical, negociación colectiva, reunión, manifestación, y demás formas de ejercicio de la protesta social, que a juicio del Tribunal carece de suficientes garantías para su ejercicio; que los elementos que sobre estas materias se consignan en el Dictamen sean examinados a fondo al discutir el Informe que sobre el cumplimiento del Pacto le presente el Estado Mexicano y exprese recomendaciones concretas orientadas a lograr la efectividad del derecho a la protesta.

Al mismo Comité el Tribunal le recomienda tomar nota de la violación al derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, al derecho a la salud y la seguridad social, y al derecho a la educación que se producen particularmente como consecuencia del desplazamiento forzado al que se han visto obligados amplios sectores de la población, como lo verificó el Tribunal.

5. Al subcomité para la prevención de la tortura, que promueva una nueva visita al país para dar seguimiento a los hallazgos obtenidos en la visita de 2010 y verificar en forma directa nuevos acontecimientos en relación con su mandato.
6. A los Relatores Especiales sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sobre Independencia de Jueces y Abogados, sobre Pobreza Extrema, y al Relator Especial sobre Desplazados Internos, que soliciten al Gobierno Mexicano invitación para visitar el país, y verificar en forma directa los temas correspondientes a cada uno de sus mandatos.

A los medios de comunicación:

1. Que informen a la sociedad de manera objetiva e imparcial sobre los hechos que constituyan violación de los derechos humanos, y amenazas o persecuciones a los defensores de estos derechos, así como sobre los eventos de protesta social.
2. Que en consecuencia no restrinjan la información al contenido de los comunicados oficiales y desarrollen mecanismos de verificación que garanticen la objetividad e imparcialidad.

A la Sociedad Mexicana:

1. Que asuma que el derecho a la protesta social es un ejercicio legítimo de la vida democrática de la república.
2. Que abra el debate público sobre la situación de exclusión de sectores sociales dentro de la sociedad mexicana.
3. Que abra espacios de memoria acerca de graves atropellos y violaciones a los derechos humanos que han afectado a vastos sectores de la población.
4. Que escuche la voz de los sectores que han sido victimizados por agentes del Estado y acciones de agentes privados.

A las organizaciones sociales y de víctimas:

1. Que usen todos los recursos disponibles para visibilizar las situaciones de violaciones a los derechos humanos que se encuentran silenciadas frente a la sociedad, así como las violaciones particulares que afectan a individuos o grupos lesionando la dignidad propia del ser humano.
   2. Que promuevan campañas educativas en materia de derechos humanos, con especial referencia a situaciones que afectan al pueblo mexicano.
2. Que usen todos los mecanismos judiciales y administrativos que ofrece el Estado Mexicano para poner en marcha los procesos adecuados para la efectiva protección de sus derechos, procurando documentar la información de la mejor manera posible.
3. Que usen los diversos mecanismos de protección internacional de los derechos humanos para buscar remediar las situaciones de impunidad y las falencias que puedan haberse presentado en el derecho interno.