Periodistas, desprotegidos…

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(Primera Parte)

Morelia/Héctor Tapia

 Amenazas, agresiones físicas, auto censura son algunos de los aspectos que vienen a la mente cuando se toca el tema de seguridad para los periodistas; sin embargo, este mismo tema deriva en una serie de cuestiones que no siempre se hablan a detalle y que implican una serie de aspectos que tienen que ver también con las empresas periodísticas y el mismo periodista, y es el tema de la seguridad social.

En este sentido, para el periodista Andrés Resillas Mejía, el panorama que enfrenta el ejercicio periodístico en Michoacán es delicado, el diagnóstico es grave, señala en entrevista con Acueducto Online, de cara a la discusión de la iniciativa de Ley que se analiza en el Congreso del Estado en materia de Libertad de Expresión, Seguridad para el periodista de la entidad.

El tema trastoca una serie de aspectos que considera fundamentales para que el oficio se transforme en profesión, y para que haya seguridad para quienes trabajen en el ramo periodístico en el estado.

Esta iniciativa, o al menos unos aspectos, había sido adelantada por la diputada local Cristina Portillo Ayala; sin embargo era una réplica del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, que tiene que ver más con aspectos de seguridad física, sin atender de manera integral una serie de problemas y debilidades que tiene que enfrentar el periodista.

La iniciativa fue retomada por varios periodistas organizados, entre ellos el propio Andrés Resillas, y no por organizaciones ni asociaciones, interesados en que ésta ley avance, y que integra rubros como la profesionalización del gremio.

Resillas Mejía durante la charla explica que el diagnóstico que se retomó, a partir de la realidad que enfrenta el periodista, y que motivó la intervención del gremio para la elaboración de la iniciativa presentada al Congreso, “es muy grave, porque por donde quiera que se observe el ejercicio periodístico, lejos de estar más protegido y tener más garantías, cada vez es más difícil ejercer el periodismo”.

Asegura que estas dificultades son más evidentes “en una entidad con las características de Michoacán, donde combinas crimen organizado, autoritarismo, pauperización de los periodistas, combinadas con una autentica falta de protección institucional”. Señala que por el lado donde se vea “el diagnóstico es muy grave.

La preocupación se extiende, dice, porque “no es por nosotros los reporteros ya maduros, sino por las nuevas generaciones”.

Con 30 años de carrera, Andrés Resillas dice que de alguna forma el ya hizo su vida dentro del gremio; sin embargo, resalta, el panorama para las nuevas generaciones “está terriblemente, desde el punto de vista laboral, profesional”, “el diagnóstico es muy grave”, apunta.

En cuanto al cómo se teje la propuesta de Ley, dice que la iniciativa que presentó al principio la diputada Cristina Portillo no integraba el diagnostico específico del panorama que tienen que enfrentar los periodistas michoacanos.

Sin embargo destaca la voluntad de la legisladora por retomar una Ley que contemplara la protección a los periodistas.

“Hay que destacar que tuvo la voluntad política de involucrarse en ayudar al gremio periodístico. Creo que eso debemos de agradecérselo. La primer iniciativa que presenta ella, era prácticamente la réplica del mecanismo federal de protección a periodistas, que fue aprobado en 2012 por Felipe calderón, que se utiliza cuando te amenazan”, explica.

Ahora, en cuanto a la iniciativa que presentó el gremio, si bien también contempla aspectos que tiene que ver más con la protección física directa, integra también elementos que tienen que ver con la seguridad social

Agrega que lo que se está priorizando en la iniciativa que está actualmente en comisiones son los aspectos de derechos laborales, la cual es una “preocupación fuerte de nosotros; por eso queremos también priorizar los derechos profesionales”

En este sentido enumera que se contempla en la iniciativa nueve derechos, que son: el derecho al secreto profesional, la cláusula de conciencia, el derecho a capacitarse, el derecho a que el estado declare de interés público la actividad periodística, el derecho de autor y firma, el derecho de réplica, y la propuesta de un ombudsman, que “en este caso lo cambiamos por un observatorio ciudadano. Para hacer valer la visión de los lectores de la otra parte”.