Por Lucero Circe López Riofrio
La reducción a 40 horas de jornada laboral tiene la posibilidad de poder acercarnos a un equilibrio con la cual se pueda armonizar la vida familiar, el descanso y la vida laboral. Lo cual refrenda una lucha histórica obrera y de los grupos feministas que han demandado durante varios años, no sólo en nuestro país sino a nivel mundial, demanda justa de la izquierda.
La función pública también requiere de una Reforma Laboral, que dignifique la vida de las personas, desnaturalice el trabajo que genera la división sexual, ingreso igual a trabajo igual, incluyendo medidas afirmativas que desmonten el clasismo, el sexismo y el racismo. Mecanismos confiables que permitan la denuncia de la violencia y la discriminación.
Desafortunadamente persisten los discursos hegemónicos patronales, que niegan y se resisten a establecer el reconocimiento de los derechos laborales, no sólo del ámbito empresarial sino también dentro del Gobierno, desde la administración pública en sus tres niveles.
Prácticas institucionalizadas que reproducen explotación laboral, horarios de más de 12 horas de trabajo diario, reuniones de trabajo en horarios de comida o de salida de la escuela de los hijos/as/es, síndromes de fatiga crónica, fines de semana repletos de eventos, enaltecimiento de la meritocracia como muestra de lealtad y compromiso más no por capacidad, porque se lo debemos a quien nos dio trabajo. Lo anterior, no sólo es inadmisible, sino que impide planear no sólo sus tiempos sino sus vidas.
En Michoacán, cada tres y seis años hay un despido de colaboradores/as a quienes se les desecha sin el reconocimiento de sus derechos laborales, así como también sigue habiendo exigencia de plazas en distintas áreas de la función pública, demandas laborales coyoteadas lo cual genera una serie de laudos impagables, producto del golpeteo de los intereses de diversos grupos facciosos.
Una Reforma Laboral, requiere de establecer mecanismos que pongan un alto a la explotación y maltrato laboral, que tiene fuertes repercusiones en las capacidades emocionales e intelectuales para una persona subordinada o de menor jerarquía, mandar para muchas personas significa denigrar y violentar, ejercer un poder de control y dominio sobre la vida de las personas.
Lo cierto es que hay muy pocos mecanismos de conciliación y de protección para generar un ambiente respetuoso sin violencia, si bien la Secretaría de la Contraloría establece la integración de comisiones y órganos de control, estos en ocasiones no funcionan del todo porque están integrados por quien violenta, generando confrontaciones que afectan y repercuten tanto en la vida del trabajador/a como en el ambiente laboral.
Es necesario que haya equilibrios entre las partes, apelar a la civilidad, sabiendo que hay conflictos comunitarios y personales que son llevados a los espacios laborales, que parecen irresolubles, porque se da una lucha entre el victimismo, el ejercicio de poder y la irracionalidad.
La utilización de los derechos humanos como formas de imposición y amenaza, por lo que deben establecerse claramente criterios éticos y de justicia, para que los casos sean analizados detenidamente y de manera objetiva con el trabajo profesional de las personas mediadoras y conciliadoras que buscarían acuerdos administrativos de convivencia laboral o bien sanciones no punibles que llevan a la resolución pacífica de los conflictos.
En lo que respecta a las violencias sexuales en el espacio laboral cualquiera que este sea, son conductas reprobables que deben ser sancionadas y no super poner el derecho laboral al de la integridad y seguridad sexual de las víctimas, mismas que deben tener una representación institucional de seguimiento en las instancias correspondientes que procuran y administran justicia. No cabe duda, que es una gran tarea, pero en verdad si queremos un sistema de justicia funcional, la Reforma Laboral, no puede ni debe quedar fuera.
