Morelia, Mich. | Acueducto Noticias.- A medida que se acerca el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, se están produciendo nuevos desarrollos en el caso que ha conmovido a México y al mundo. La defensa de los militares procesados por este caso ha solicitado la comparecencia de importantes testigos, incluidos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y Omar Gómez Trejo (exfiscal del caso).
Esta solicitud fue aceptada por el juez de la causa, lo que ha generado controversia y preocupación en torno a la inmunidad diplomática de los miembros del GIEI. Los instrumentos internacionales y los convenios firmados entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgaron a los miembros del GIEI ciertos privilegios e inmunidades mientras ejercían sus funciones, lo que podría impedir que sean interrogados y rindan testimonio ante el juez.
Por otro lado, se ha destacado que Alejandro Encinas, en su calidad de titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, no debería estar protegido por la inmunidad diplomática, ya que se trata de una instancia gubernamental sujeta a las leyes que rigen el servicio público.
La Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa ha concluido que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de Estado en el que participaron varios actores, incluyendo miembros de Guerreros Unidos y funcionarios gubernamentales. Además, se ha señalado que no hay evidencia de que los estudiantes sigan con vida.
En cuanto a la búsqueda y la identificación de los estudiantes desaparecidos, solo se han identificado los restos mortales de tres de ellos: Jhosivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio. Estos hallazgos contradicen la llamada “verdad histórica” que sostenía que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
El caso Ayotzinapa será siempre un recordatorio doloroso de la grave problemática de los derechos humanos en México, donde ha impulsado esfuerzos para abordar la impunidad y la falta de rendición de cuentas en casos de violencia y desapariciones forzadas, en el territorio mexicano.
